A vueltas con el bien común y la política

El ámbito de la comunidad política surge de una limitación de la vida humana. Cada ser humano no es autosuficiente, no es capaz por sí mismo de atender todas sus necesidades ni de cumplir en solitario las aspiraciones y posibilidades de su desarrollo humano. Por la misma razón, las pequeñas unidades humanas tampoco son autárquicas y han necesitado históricamente irse vinculando con comunidades sociales y políticas más amplias para hacerse viables. Si no hay condiciones sociales y políticas propicias para cada miembro, su vida puede fracasar. Su bien personal, depende del bien común. Por tanto, hay una dimensión básica de necesidad y de sostenibilidad de la vida humana, que para su adecuada subsistencia y realización necesita de estructuras comunes que hagan viable su vida personal. En un sentido elemental, esta es la finalidad de la política, como ya señalara Aristóteles.

Pero la relación del ser humano con los otros y las instituciones no es puramente instrumental y de carácter carencial o por necesidades que se agotan en uno, sino que, positivamente, su modo de ser con-otros, constituye también la medida y la condición de su bien personal en un sentido de justicia o eticidad. Tomás de Aquino lo formuló así, “siendo, pues, el hombre parte de la ciudad, es imposible que un individuo sea bueno si no guarda la debida proporción con el bien común“.

De la “autarquía” a la interdependencia

En nuestra antigüedad clásica, la unidad social que se entendía podía satisfacer esa finalidad eran las ciudades estados. La polis era el ámbito de la “sociedad perfecta”, es decir, la unidad política capaz de satisfacer y asegurar las necesidades de sus ciudadanos. Aunque ya desde esa época, el ámbito real de relaciones sociales y económicas era mayor que el de las ciudades estados. Por ello, las relaciones de justicia no se agotaban en el interior de la comunidad política, sino que se proyectaban hacia fuera. Por eso, ya Platón, no veía esperanza de paz y seguridad en el interior de los estados, si no existía una justicia cosmopolita.

Después de la Edad Media esas unidades políticas se van haciendo progresivamente más amplias. Las sociedades perfectas a las que se referían los clásicos, se conciben entonces como “Estados soberanos”. Por tanto, conceptualmente, no estarían sujetos o limitados por ninguna otra instancia. La justicia o corrección parecería no tener una dimensión relacional. Lo que place al soberano, o al cuerpo político, sería lo legal, y lo justo.

Sin embargo, el jesuita Francisco Suárez, a comienzos del siglo XVII, cuando se pretendía en las lógicas de los estados soberanos en Europa que esa soberanía tenía un carácter ilimitado o absoluto, disentía de esta pretensión. Por ello, es considerado unos de los fundadores del Derecho Internacional, al mostrar que existía un nivel de juridicidad entre Estados, y por tanto, también de obligaciones con respecto a los otros pueblos o estados. Si el Estado surge y se sostiene desde el bien común, el bien común debe incluir tendencialmente a toda la humanidad, a todo el género humano. Esto se apoya, en primer lugar, en la sociabilidad natural de los pueblos o Estados. Existe una necesidad, y una capacidad de relación y de comunicación entre los pueblos. En segundo lugar, en su interdependencia. No existe un pueblo que satisfaga todas sus necesidades por sí mismo, sin “relaciones exteriores” de variada índole. Y en tercer lugar, esto conduce a entender la soberanía de las comunidades políticas como soberanía relativa. Es relativa porque hay un derecho común que rige las relaciones entre los pueblos, y que un pueblo por sí mismo no puede derogar ese derecho común, o tratar de que esa “derogación” unilateral sea aceptada sin el consentimiento de los otros. De ahí que este bien común “internacional” sería el fundamento de la justicia entre instituciones políticas autónomas o independientes.

La justicia de las instituciones

La justicia de las instituciones no consiste en su carácter absoluto. Ni hacia fuera, ni tampoco hacia dentro de su comunidad política. La política no todo lo puede, tampoco todo lo puede o lo justifica la democracia como forma política. Existen unas obligaciones hacia fuera, y unas obligaciones hacia dentro, cuyo cumplimiento legitima materialmente sus acciones o decisiones. También cuando pretenden crear Derecho. Tomás de Aquino nos ofrece unas claves para entender los limites materiales, procedimentales y formales que tienen para evaluar justicia de las leyes producidas por las instituciones:

“Las leyes son justas: por razón del fin, cuando se ordenan al bien común; por razón de su autor, cuando la ley establecida no excede la potestad del legislador, y por razón de la forma, cuando se imponen las cargas a los súbditos con igualdad de proporcionalidad”.

“Las leyes injustas pueden serlo por dos razones. Primera, porque, contrariamente a las anteriores, se oponen al bien humano; o por razón de su fin, como cuando un soberano impone leyes onerosas a sus súbditos mirando a la gloria y los intereses propios más que a la utilidad común; o por razón de su autor, cuando un hombre dicta leyes que traspasan la potestad que le ha sido otorgada. O también por razón de la forma: por ejemplo, cuando se reparten las cargas entre la comunidad de una forma muy desigual. Tales leyes son más bien violencias”.

Estas son algunas de las lecciones de los clásicos sobre el sentido de la vida política que siguen hoy vigentes.

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