El reciente atentado contra el semanario francés, entre otras consecuencias, ensombrece los esfuerzos para salir de los límites del mundo secular que se construyó en Europa en los últimos siglos. A pesar del rechazo y la condena de este acto por parte de las propias autoridades políticas árabes, de líderes y comunidades religiosas musulmanes, la tensión puede polarizarse entre la violencia de origen religioso y la superación de ese mundo por el espacio cívico y público republicano y secular. Esto dificulta la consideración social y pública sobre la contribución de las tradiciones religiosas a la convivencia y a los valores vividos en la esfera pública.

Ello nos trae de nuevo al imaginario colectivo europeo las conexiones entre violencia y religiones. El inicio de la era moderna en Europa estuvo marcado por cruentos conflictos socio-religiosos, que se fueron tratando de resolver por medio del reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, y por la asunción colectiva e institucional del valor de la tolerancia. Como contrapartida, el mundo de las prácticas religiosas y espirituales, quedó relegado al ámbito privado, y bajo la sospecha de que no eran pertinentes ni beneficiosas para contribuir a la convivencia social ni para inspirar éticamente el espacio público. Antes bien, podía ese mundo ser considerado meramente como un atavismo, como un espacio para la irracionalidad o como una fuente de peligro y competencia para los aparatos estatales. Algo que la razón pública e ilustrada terminaría superando históricamente.

Sin embargo, las esperanzas ilustradas de conseguir un mundo libre de violencia, de temor, de injusticia por medio de un mundo secularizado tienen también sus sombras. Si es razonable que una instancia neutral, moral y religiosamente, como el Estado, detente el monopolio del uso legítimo de la violencia, ello no ha impedido también que los Estados en la modernidad hayan sido fuente de barbarie y de violencia arbitraria. Ello nos lo muestran nuestro reciente siglo XX en las guerras mundiales entre Estados que se destruían mutuamente; la persecución y eliminación pública y sistemática de minorías religiosas, ideológicas o étnicas. O el propio proceso de dominación colonial legitimada por una supuesta racionalidad superior de las instituciones modernas europeas.

Frente a una polarización simplificadora, hay que recordar la ambivalencia insuperable tanto del orden legal y estatal como de las tradiciones religiosas, que en su dimensión de construcción social, pueden ser utilizadas e interpretadas en dirección emancipadora, inclusiva y humanizadora, o para enfrentar, dividir y destruir. No es por tanto cuestión de oposición excluyente, sino de mutuo aprendizaje y de contribución diferenciada al bienestar de las sociedades y de los sujetos.

Ello abre el camino a una sociedad postsecular. ¿Cómo se puede entender? Como el esfuerzo plural por contribuir desde distintas tradiciones religiosas, ideologías e instituciones públicas a la convivencia social que permita la vida de todos y cada uno y su desarrollo integral. Necesitamos instituciones públicas y sistemas legales que se orienten por la inclusión social y el pluralismo, por la equidad y la cooperación entre Estados para enfrentar los desafíos comunes de la Humanidad, no por luchas para la supremacía o por la dominación geopolítica y económica del adversario. Pero necesitamos también que las tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad alimenten la convivencia y el respeto de la dignidad humana y los valores comunes entre diversas tradiciones. Que recuerden a los que tienen el monopolio del uso legítimo de la violencia, que todo recurso a la violencia, aunque sea necesario, no deja de ser una quiebra humana y social; y que confronten la legitimación religiosa de la violencia o la dominación, tanto la que sufren en su propio espacio social como la que se proyecta hacia fuera.