¡Que vienen los rusos!

Tengo la impresión de que las acusaciones de injerencia rusa en diversos procesos políticos recientes ―Brexit, Trump, Cataluña― marcan un punto de inflexión en la valoración que hacemos de internet en relación con la política, y en particular sobre la capacidad de las redes sociales de contribuir a la regeneración democrática, la participación de la ciudadanía y la expansión de libertades. Ahora el riesgo es más bien el contrario: que utilicemos a las redes sociales como chivo expiatorio de las debilidades y deficiencias de nuestras democracias.

¡Qué lejos queda aquella Primavera Árabe, de hace apenas diez años, cuando algunos nos querían convencer de que Twitter había traído la democracia a varios países! Luego se demostró lo ingenuo que era pensar que los complejos procesos políticos en aquella región pudieran dirimirse por la capacidad movilizadora que las redes facilitaban entre algunas capas jóvenes urbanas. Asistimos sin embargo ahora a un desplazamiento de la narrativa hasta el polo opuesto. Las redes sociales se nos presentan como un espacio fácilmente manipulable en manos de siniestros aparatos de gobiernos extranjeros interesados en desestabilizar las democracias occidentales.

En la literatura académica sobre la ética de las relaciones internacionales, el tema de la ética de la ciberguerra suscita cada vez mayor interés ―véase, por ejemplo: J.D. Ohilin y otros (2015) Cyberwar: Law and Ethics for Virtual Conflicts―. Lo curioso es que el interés que estos autores dedican a la propaganda y manipulación a través de las redes sociales es marginal. Al hablar de ciberguerra no se refieren a eso, sino a posibles ataques cibernéticos contra servicios esenciales de un país o contra su industria armamentística. Casos como el virus Stuxnet que los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel emplearon contra las centrifugadoras del programa nuclear iraní en 2011. El debate se centra en analizar en qué medida esas acciones pueden considerarse una agresión militar y, por consiguiente, justificar el empleo de los criterios de juicio ético que aporta la tradición de la Guerra Justa. En este debate, principalmente americano, la manipulación de la opinión pública no se contempla como un tema particularmente relevante.

Esta falta de interés académico se debe probablemente a que a este respecto los medios digitales no conllevan novedad alguna reseñable. La distinción entre la comunicación y la manipulación suele depender en cada caso de la ideología de quien lo juzga. Yo puedo considerar que Julian Assange es un oportunista al servicio de oscuros intereses, mientras usted lo considera un adalid de las libertades. Es un debate que hemos tenido infinidad de veces antes de la llegada de las redes sociales y estas no alteran lo sustancial de la conclusión, que suele ser una apelación a la libertad de expresión. Claro que en el caso de la presunta injerencia rusa se denuncia una manipulación deshonesta mediante el empleo de cuentas falsas para crear una impresión de efervescencia sobre una opinión. Pero tampoco esto es novedoso: la distorsión de la realidad en los discursos de los gobiernos, la amplificación de voces minoritarias, la financiación en otros países de medios de comunicación afines y demás actividades «comunicativas» para moldear opiniones públicas han estado a la orden del día en las últimas décadas. ¿A qué viene ahora tanto escándalo de políticos y periodistas a cuenta de la injerencia rusa? Voy a señalar dos razones que en mi opinión lo explican.

En primer lugar asistimos a una creciente toma de conciencia de la influencia ambigua ―al mismo tiempo positiva y negativa― de las redes sociales en el debate público de nuestras sociedades. Hay que decirlo claramente: quien crea que las redes sociales son una herramienta ideal para la deliberación y participación ciudadana es víctima de una ensoñación y ya va siendo hora de despertar. Las redes sociales están más cerca de ser espacios de presión política maleables por grupos organizados. Este problema es real, pero no se circunscribe a la iniciativa de los gobiernos.

El segundo motivo que en mi opinión está dando aire al debate sobre la injerencia rusa es un obsceno ejercicio de desviación de la atención, para exonerar de responsabilidad por sus fracasos a responsables políticos u ocultar la dimensión real de problemas y demandas de la ciudadanía ―por populistas que sean―: el Brexit no es fruto de la intervención rusa sino de décadas de fracaso en articular un proyecto común europeo atractivo para los británicos (y para otros no británicos); y la victoria de Trump en Estados Unidos no puede atribuirse a Putin, sino al estupor de una clase media americana que, por mucho que nos disguste su respuesta egoísta, tiene motivos para preguntarse si la globalización les lleva a un lugar mejor que aquel en el que se encontraban.

¿Y qué decir de Cataluña? Últimamente nos desayunamos con titulares a cuatro columnas sobre la presunta injerencia rusa, ¡cuando Cataluña lleva diez años dando señales de alarma!: lo ocurrido con el Estatut de 2006, los continuos desencuentros entre ambos gobiernos, el crescendo de las Diadas, etc. No son los rusos los que han propiciado el «procés», sino, principalmente, una descorazonadora incapacidad de propuesta política para actualizar nuestro modelo de convivencia por parte del Estado; a la que se ha unido una deriva peligrosa e irresponsable del nacionalismo gobernante en Cataluña. No está mal desenmascarar actividades de propaganda y manipulación de los gobiernos extranjeros ―ojalá se haga siempre―, pero conviene no despistarse: el origen del problema no está en Rusia, y la solución aún menos.

IMAGEN: Película Red Dawn (1984)

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