Uso y abuso de los derechos humanos

Los derechos humanos representan un concepto normativo fundamental en la legitimación de las luchas sociales. Movimientos sociales y políticos lo usan para apelar al ejercicio de aspectos fundamentales de la humanidad, amenazada o violentada, y cuyo despliegue debe ser reconocido y garantizado institucional y socialmente.

¿Derechos humanos para qué?

Se trata de algo muy radical en lo que se está jugando la expresión y crecimiento en humanidad o bien su reducción e incluso su aniquilamiento. Tienen un carácter fundamentador y posibilitador de la convivencia y del sistema jurídico y la organización política de una sociedad. El sistema jurídico, cuando responde a las exigencias de un Estado democrático de Derecho, constituye el medio de su reconocimiento y el cauce para el ejercicio legal del ámbito de poder garantizado por los diferentes derechos humanos positivizados.

El Estado a través de sus instituciones tiene el deber de sostener y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales en cumplimiento de las exigencias que le impone el sistema jurídico. Así, ordenamiento jurídico y Estado, son las dos mediaciones fundamentales que se justifican desde los derechos humanos y que encauzan su ejercicio legítimo. Cuando las sociedades se han autodeterminado dotándose de un sistema jurídico y de una organización política, están vinculadas por su propio proceso de autodeterminación histórica y por los procedimientos que se dieron para actualizar y modificar su sistema jurídico y sus estructuras políticas.

El caso catalán

Y aquí es donde puede venir a una forma de conflicto, e incluso de abuso, ante la apelación al ejercicio originario y constituyente de los derechos humanos, esto es, al ejercicio de la autodeterminación. En las sociedades constituidas jurídica y politicamente no es posible un ejercicio originario, es decir, pretendidamente pre-político y pre-jurídico de la autodeterminación. Sería partir de una supuesta tabula rasa donde no la hay.

Ese es parte del problema de estos tiempos en Cataluña. Ante la impugnación del procedimiento unilateral de autodeterminación en Cataluña por parte de las instituciones públicas del Estado español, Puigdemont apelaba estos días al ejercicio de los derechos humanos y a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, de un modo soberano y desvinculado del marco jurídico y político vigente en todo el Estado español y en Cataluña. Esto supone la pretensión de equiparar jurídicamente conforme al Derecho Internacional al pueblo catalán con los pueblos indígenas o con los pueblos colonizados que no han ejercido su autodeterminación política, y que por tanto, continúan sometidos y heterodeterminados.

Ni uno ni otro caso parecen responder a la condición y situación sociopolítica de la sociedad catalana actual. Al menos, expertos en Derecho internacional, señalan que el ejercicio de autodeterminación no está amparado en el caso de Cataluña. Tampoco la comunidad internacional ni la ONU avala actualmente que este ejercicio concreto esté amparado por ninguna resolución que habilite este ejercicio.

¿Conflicto político?

En este contexto, señalan muchos que lo que ocurre en Cataluña es un conflicto político que debe resolverse por el diálogo y la negociación. En esto último estoy de acuerdo, siempre y cuando no se simplifique el asunto negando una dimensión esencial del mismo que en este caso que es el conflicto jurídico (¿recuerdan a Edgar Morin y su explicación del paradigma de la simplicidad tan presente en nuestra cultura?).

En este conflicto político no se está en una situación a-jurídica. No se trata de dos bandos enfrentados que no tengan un entramado común de competencias, derechos y obligaciones respectivas. De hecho, justamente este conflicto político reside esencialmente en un conflicto jurídico, porque este conflicto se da con la autoafirmación de ser un sujeto político soberano por encima de la ley y procedimientos vigentes. Consiste fundamentalmente en la pretensión del bloque soberanista de la política catalana de tener una autoridad jurídica soberana al margen de las competencias reconocidas, del Estatut y de la Constitución. Y en virtud de esa autoridad soberana poder convocar a la ciudadanía catalana a definir ex novo su organización política futura.

Los derechos humanos no constituyen sólo un ejercicio originario y libre de autodeterminación. Su ejercicio originario genera vínculos y obligaciones políticas y jurídicas. Como en el caso de Cataluña, implicó asumir las exigencias derivadas del pacto político social que han fundado históricamente las instituciones catalanas en el marco de la sociedad política española. Negar este ejercicio, y estas obligaciones derivadas, supone también un abuso de los derechos humanos.

A su vez, las instituciones públicas españolas y catalanas, no sólo están creadas y legitimadas por ese ejercicio constituyente, sino que, sucesivamente, tienen el deber de adecuarse al marco de Estado social y democrático de Derecho, y atemperar su comportamiento público con el respeto al ejercicio legal de los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad política.

En suma, los derechos humanos implican no sólo derechos legales, sino también obligaciones y respeto a los procedimientos acordados. El ejercicio de los derechos humanos no es solo la meta política de una sociedad política libre, sino el medio regulado y legal para seguir siéndolo. Y para ser reconocido por otros.

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