Esta última semana del mes de abril de 2016 se retoman las negociaciones en Nueva York del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) entre Estados Unidos (USA) y la Unión Europea (EU). Es la decimotercera ronda desde que se iniciaron las negociaciones en febrero de 2013, precedidas en años anteriores de distintos contactos y declaraciones conjuntas entre ambas partes. Esto indica la complejidad y el alcance del TTIP.

El Acuerdo tienes tres partes fundamentales: a) acceso al mercado, que pretende eliminar o reducir derechos de aduana y facilitar el comercio de bienes y servicios; b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias, referidas a las reglas en diferentes mercados o productos que garanticen ciertas exigencias técnicas al tiempo que eliminen obstáculos innecesarios; y c) normas de carácter más general que faciliten el comercio y la inversión entre ambas zonas.

Al abarcar prácticamente todos los sectores de la economía y abordar cuestiones de cierta complejidad técnica, además de no contar todavía con textos definitivos hasta que concluyan las negociaciones, es difícil resumir su contenido. Lo que importa de momento destacar es que afecta a cuestiones vitales que marcarán las pautas de consumo, producción y control del capital de todos nuestros países. Aunque lo veamos como algo lejano están en juego numerosos asuntos de nuestra vida cotidiana y de la evolución de nuestras economías.

Que haya un intento de acuerdo para disciplinar los mercados a escala mundial es algo necesario y demuestra que los mercados no funcionan sin reglas que los regulen. El problema fundamental del TTIP es que su negociación no está suficientemente conectada con las organizaciones empresariales, sindicatos y otras asociaciones e instituciones de la sociedad civil. Esto implica que su aplicación, que requiere una complementación reguladora plasmada en normas a escala nacional, convenios colectivos y distintas plataformas y acuerdos sociales, puede dar lugar a una amplia arbitrariedad sesgada a favor de los que tiene más poder al tiempo que una rigidez que impida incorporar nuevas iniciativas.

Tampoco están representadas en la negociación terceros  países que se van a ver seriamente afectados por dicho Acuerdo. A eso hay que añadir que en paralelo se está negociando la liberalización de servicios en el marco de la Organización Mundial de Comercio y un tratado equivalente de Estados Unidos con sus socios asiáticos. Estas negociaciones deberían estar coordinadas entre sí, abiertas a la participación de todos los países y ensambladas en una amplia movilización social que aporte iniciativas y garantice una aplicación de lo acordado más justa y eficaz.

En todo caso, cuando concluyan las negociaciones, en el ámbito europeo la Comisión Europea, que es el órgano negociador, debe someter el Acuerdo al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población). Tras ello debe recibir la aprobación del Parlamento europeo y la posterior  ratificación de los Parlamentos nacionales. Como existen intereses nacionales muy dispares dentro de la Unión Europea puede que surjan rechazos de algunos países. En España seguimos absortos en la falta de acuerdo político mientras se está decidiendo buena parte de nuestro futuro en la negociación del TTIP.

Foto: manifestación en Berlín el 17 de octubre de 2015 contra el TTIP