Trabajadores ocupados, parados y jubilados

Ilustración de Pedro Strukelj

El día 1 de mayo se celebra la fiesta de los trabajadores. En su origen, a finales del siglo XIX, se identificaba trabajadores con asalariados. La denominación popular era la de obreros, que fue la que recogió la propia Iglesia católica al denominar así a San José. Entonces se concebía que el salario fuera igual para todos, con pequeñas diferencias derivadas de ciertas características del puesto de trabajo, que por su dureza o peligrosidad requerían una compensación. La ciencia económica de la época definía el valor de las mercancías, a partir de esta idea de salario de subsistencia, equivalente al tiempo de trabajo necesario para la reproducción del trabajador y su familia.

Trabajadoras

Si ya entonces era dudosa esa idea, mantenerla actualmente carece de sentido. Dejando al margen las diferencias internacionales, en España aproximadamente un 59% de los trabajadores son ocupados, un 30% son jubilados y el 11% restante parados. Los asalariados ocupados representan alrededor del 50% de total de los trabajadores, incluyendo en ese total a pensionistas y parados. Esa mitad de los trabajadores tiene remuneraciones muy diferentes entre sí, dependiendo no sólo de la formación, experiencia y categoría profesional, sino del sector donde trabajan, del tamaño de la empresa en que están empleados y del tipo de contrato y jornada laboral que desempeñan.

También hay grandes diferencias de remuneración, riqueza y situación personal entre jubilados, parados y empresarios. Existen jubilados con pensiones superiores a muchos trabajadores ocupados y empresarios autónomos con ingresos inferiores a muchos asalariados. Últimamente se han recrudecido las reivindicaciones y protestas por las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, ocupados fijos y temporales, jubilados con pensiones mínimas y otros jubilados, o asalariados con salarios ínfimos y otros trabajadores ocupados. En unos casos se reclama mayor igualdad, en otros que no se pierda poder adquisitivo y en algunos que haya una revalorización en proporción a la mejora de productividad o a la de los beneficios.

Se rehuye entrar a tomar en cuenta estas diferencias. Predomina el “qué hay de lo mío” o una simplificación que evita cualquier esfuerzo para considerar lo que implica esa gran diversidad de situaciones. Las demandas se dirigen de forma casi exclusiva hacia el Estado. Hay cada vez menos huelgas de empresa o de sector y más huelgas generales, en realidad manifestaciones o protestas públicas de un solo día o unas horas, que no son el resultado de un enfrentamiento entre asalariados y empresas, sino entre ciudadanos y Estado.

En este complejo panorama se entremezclan cuestiones muy distintas, algunas contradictorias entre sí y otras que reflejan problemas que deben abordarse en diferentes ámbitos, ajenos muchos de ellos al del Estado, que es donde se concentran, cada vez más, las quejas. En la mayoría de los casos, las reivindicaciones que se plantean implican incrementos del gasto público y cambios en la estructura impositiva desde el lado de los ingresos públicos. El problema del ajuste entre ingresos y gastos del Estado se suele dar por resuelto afirmando que se incrementen los ingresos haciendo pagar más a los más ricos y siendo más flexibles en el ajuste, admitiendo un cierto aumento del déficit si resulta necesario.

Ambas soluciones son demasiados ambiguas, eluden la dificultad de instrumentarlas y los efectos no deseados que de ellas se pueden derivar. Al hablar de los más ricos sería imprescindible definir qué se entiende por tal. La riqueza como la pobreza es un concepto relativo. Para alguien sin ingresos, todos los demás son ricos. Para el que no ingresa lo necesario para poder hacer frente a los pagos mínimos de subsistencia, lo son los que sobrepasan ese mínimo. Para el que no tiene patrimonio y bajas rentas, es rico el que tiene al menos vivienda y unas rentas que le permiten vivir con cierta holgura. Para el que tiene un patrimonio que le genera más gastos que ingresos, y que no logra deshacerse de dicho patrimonio aunque lo desee, es rico el que aún sin tener patrimonio logra tener unos ingresos que a él no le alcanzan para subsistir. En sociedades donde existe tal variedad de ingresos y situaciones, fijar los límites de la riqueza o la pobreza no es una cosa sencilla.

Los temas fiscales y financieros requieren también considerar sus límites y consecuencias. Un incremento del déficit público, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda pública en España representa casi el 100% del PIB y que además hay una importante deuda privada con el exterior, implica un aumento de los intereses que hay que pagar. Esto significa que, más allá de las posibles represalias de la Comisión Europea por incumplimiento de los compromisos contraídos, esos intereses van a los bolsillos de los que financian el déficit, que son, lógicamente, los que tiene capacidad de ahorro y pueden prestar.

A veces se argumenta que al fin y al cabo los tipos de interés vigentes en la financiación pública son bajos y se proclama como un éxito la reducción de la denominada “prima de riesgo”.  Sin embargo, eso encubre una situación preocupante. Existe abundante dinero para financiar a la denominada deuda soberana, la de los Estados, porque hay poca inversión productiva. Estamos rondando lo que Keynes denominaba como “trampa de la liquidez”. Por más que los intereses remuneran escasamente el ahorro, incluso lo penalizan con intereses reales negativos, no se logra incentivar suficientemente la inversión empresarial.

Que se esté incrementando mucho más la compra de pisos que la de locales, los precios de la vivienda que la de los establecimientos, y los alquileres aún más que los precios de compra, es una clara muestra de la atonía relativa de la inversión productiva. Con ello se reduce la demanda de trabajo y aumentan más los empleos precarios, de bajos ingresos y con carácter eventual, que los puestos de trabajo más estables y con remuneraciones más elevadas. Hay que incluir en ese empleo precario a numerosos autónomos con  retribuciones muy escasas y con una alta volatilidad de los negocios que emprenden.

Cada vez más prolifera la idea de que la creciente automatización de los procesos productivos puede permitir incrementos de productividad que reduzcan las horas de trabajo y aumenten los trabajos cualificados de altos ingresos. Se trata efectivamente de un cambio imparable, pero al no venir acompañado de una mayor competencia en los mercados refuerza aún más la concentración del capital. Las inversiones en automatización tienden a aumentar la desigualdad entre empresas. Las grandes empresas acaparan los mercados, convirtiendo a las pequeñas empresas en sus apéndices. Las pequeñas empresas asumen las tareas escasamente automatizables y peor remuneradas, o forman parte de la cadena de producción automatizada sin tener control alguno sobre la misma.

La creciente concentración de los mercados, que acompaña al paso de la producción artesanal y agrícola a la de carácter industrial y de servicios, ha supuesto que los consumidores y los productores intermedios vayan reduciendo su control sobre lo que consumen y producen. Los que deciden qué y cómo producir están en una especie de Olimpo inaccesible para el común de los mortales. Los demandantes finales y las empresas subcontratadas son agentes pasivos que se adaptan a lo que las grandes empresas les ofrecen.

La mayor parte de las reivindicaciones se hacen en nombre de colectivos cuya identidad es más que dudosa. Los trabajadores no son un todo homogéneo. Hay que ir a las raíces que diferencian a los trabajadores y nos alejan de esa visión romántica que asimilaba al trabajador con el ciudadano libre y responsable. Esas raíces residen en la falta de competencia en los mercados, la acaparación del poder político, que convierte la representación ciudadana en profesión, y la debilidad de la sociedad civil, que ayuna de valores y espacios comunitarios es una marioneta de las grandes empresas y considera al Estado como el salvador de todos sus males.

Cuando se lanzó la consigna “proletarios de todo el mundo uníos”, se estaba pensando en un modelo ideal de trabajador que representaba a la mayoría de los ciudadanos del mundo. Hoy quizás hay que invertir el sentido de la consigna, “ciudadanos de todo el mundo uníos”, entonces podrá haber Estados más justos y democráticos, y mercados con trabajadores emancipados de servidumbres injustas.

1 Comentario

  1. Muy interesante reflexión.

    Problemática que desde mi área humanística y social, denominamos culto a la tecnología camino a una robotización no solo de los procesos industriales, sino de casi todo, que conlleva a una deshumanización del hombre por el hombre.

    ¿Cuál es el limite de la modernización, la búsqueda de la rentabilidad de las empresas y la satisfacción de las necesidades no ya de bienestar sino de excesos de lujo y comodidad de las personas?

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