El pasado 21 de abril se celebró la segunda sesión del Seminario “Religión y religiones en la plaza pública”, que organizamos junto a la Fundación Encuentro. Tras la primera sesión, en la que se abordó la pluralidad religiosa desde un enfoque sociológico, en esta ocasión la aproximación se realizó desde el marco legislativo. La introducción de la sesión la llevaron a cabo el Profesor D. José María Contreras Mazario (Catedrático de Derecho Eclesiástico. Universidad Pablo Olavide) y el Profesor D. Federico de Montalvo Jäaskeläinen (Facultad de Derecho. Universidad Pontificia Comillas de Madrid).

El Profesor Contreras señaló que los poderes públicos deben ser laicos, pero la sociedad no necesariamente: la sociedad debe ser tolerante con la pluralidad de manifestaciones religiosas que en ella se dan. Las claves para abordar los problemas que puedan surgir en la convivencia son la laicidad del Estado, el respeto a la libertad religiosa y la cooperación mutua entre las partes. Lo más importante es velar por el respeto a los derechos fundamentales, y para ello quizá sea conveniente alguna modificación en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), porque tal y como está redactada, no siempre responde a las necesidades de la sociedad plural en la que vivimos. Hay que dar pasos hacia una descentralización que permita dar respuesta a las necesidades concretas desde los representantes más cercanos (Ayuntamientos) y no desde el poder central.

Por su parte, el Profesor de Montalvo partió de la afirmación de que un Estado constitucional no es intrínsecamente laico. Hay ejemplos de Estados constitucionales confesionales, por lo que la laicidad no es el único camino para respetar la libertad religiosa. Según los datos del CIS, a los ciudadanos españoles no les preocupa especialmente la religión, por lo que hay que ser prudentes para no crear un problema donde no lo hay y abrir un debate que pueda complicar más la situación. Hay problemas concretos relacionados con la gestión de la pluralidad religiosa en la plaza pública, pero no hay un problema global con la religión. A corto plazo no sería necesario modificar la Ley Orgánica, ni la Constitución. La religión no solo no es incompatible con un Estado constitucional, sino que ha estado en la base de la fundamentación del Estado Constitucional, en la medida en que ofrece valores esenciales para la convivencia y el reconocimiento de los derechos fundamentales.

Tras las introducciones, se abrió el debate en torno a las cuestiones planteadas, con la pregunta de fondo de si la Ley orgánica de Libertad religiosa o la Constitución española deberían ser modificadas en su tratamiento del fenómeno religioso. En él se vio la necesidad de realizar distinciones terminológicas que pueden favorecer el diálogo y el encuentro entre las distintas visiones: no hay que confundir el hecho religioso con las diferentes manifestaciones religiosas; no es lo mismo la libertad religiosa que la libertad de conciencia; tampoco se debe identificar la laicidad del Estado con la indiferencia respecto del hecho religioso. Estas distinciones permiten determinar en cada momento de qué estamos hablando, para que sea posible alcanzar una forma consensuada de tratar la pluralidad religiosa en la plaza pública, tanto en las leyes, como desde los poderes públicos, como en el resto de ámbitos de la vida social.