¡Sacad la protección a la infancia del mercado!

Los signos de admiración pretenden hacer las veces del látigo con que Jesús echó a los mercaderes del templo. A Jesús le indignaba que se hiciera negocio en algo tan sagrado como la casa de su Padre y a nosotros nos solivianta que se mercadee con algo tan frágil e indefenso como la infancia en desamparo.

Cuando leemos algo sobre infancia y juventud en riesgo esperamos encontrar historias duras, tristes, que nos interpelan. Historias como las de Ruth y Carlos, con sus pocos años y sus muchos miedos a cuestas. Miedo cuando su madre sube del bar a las tantas y tropieza con todas las sillas, y grita hasta que se cae en la cama, “enferma”, como dormida; miedo al amigo de mamá que le grita y le pega cuando ella está así, mientras ellos lloran y se esconden. Miedo a esa “señorita asistenta” que viene a casa y amenaza a mamá con quitárselos de su lado.

Y ese día llega, y la “señorita asistenta” aparece en el colegio con un papel que dice “declaración de desamparo” y antes incluso de que se entere su mamá, a la que se lo contarán un poco más tarde, Carlos y Ruth están camino de un Centro de Menores.

Y aquí empieza la otra historia, la que yo les quería contar. Una historia menos humana, más prosaica, que tiene que ver con la economía y con la política: la historia de la mercantilización de los servicios sociales para la infancia y la juventud. El problema no es que el centro de menores donde ingresarán Ruth y Carlos se parezca al orfelinato de Oliver Twist, que seguro que no se parece. El tema es que ese centro, para obtener de la administración pública la financiación necesaria para sostenerse, ha tenido que participar en una subasta (nos quedamos más tranquilos llamándole concurso público, abierto, de libre concurrencia, en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público), haciendo la oferta más económica, en competencia con otros centros que también optaban a ese dinero.

En otra época, el debate se estableció entre público y privado, si los servicios sociales debían ser públicos o privados. El paso del tiempo y la deriva en una determinada dirección, ha dejado obsoleto ese debate: hoy apenas hay centros o servicios para menores en manos públicas, casi todo está “externalizado”. Hoy el gran debate es: mercantil / no mercantil.

Cuando nuestros gobernantes están más preocupados por velar por el derecho a la libre competencia de las empresas a la caza de un “trozo de mercado social”,  que por garantizar la protección y los derechos de unos menores en desamparo y ¡bajo su tutela!, nos encontramos ante una patología social más grave de lo que uno, ingenuamente, había imaginado.

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