Repensar el canon digital

Canon digital

El Tribunal Supremo declaró la semana pasada nulo e inaplicable el canon digital aprobado por el gobierno de España en 2012. Era una decisión esperada después de que el Tribunal Europeo de Justicia emitiera este verano una sentencia afirmando que el canon español era incompatible con el derecho europeo.

El llamado canon digital es la compensación a los autores por las copias privadas que los consumidores hacemos para nuestro propio uso de las obras que adquirimos legalmente. Se trata de una excepción que muchas legislaciones incluyen a la protección de los derechos de autor que, por lo demás, prohíben cualquier otro tipo de copia. El gobierno español aprobó en 2012 un nuevo modelo de canon digital que establecía la compensación con cargo directamente a los presupuestos del Estado. El Tribunal Europeo de Luxemburgo sentenció que este modelo no se ajusta a la justicia comunitaria porque el sistema «no permite asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas». El recurso ante la justicia lo interpusieron las asociaciones de autores, porque sus ingresos bajaron notablemente a partir de 2012 con el nuevo método: de 115 millones que cobraron en 2011 pasaron a 5 millones que les ha dado el Estado anualmente a partir de entonces.

Diferentes modelos

Lo que desean estas asociaciones es volver al sistema anterior, instaurado por el gobierno socialista, y que está vigente en países como Francia, Alemania, Portugal o Italia. Este sistema, muy impopular, consistía en cobrar ese canon digital a los aparatos y dispositivos en los que se realizan y reproducen las copias (CD, DVD, fotocopiadoras, aparatos de música, etc.) cuyos fabricantes podían luego revertirlo a los consumidores en el precio final de sus productos. Fueron los propios fabricantes de estos aparatos y soportes los que propusieron este canon, a cambio de que les permitieran introducir en el mercado aparatos que servían para realizar copias de productos con derechos de autor. Este modelo de canon digital no deja de ser un método indiscriminado, pero es menos indiscriminado que el último modelo español. En su contra hay que reconocer que hablar de soportes físicos para los contenidos suena bastante anticuado. Hoy en día los contenidos se reproducen y alojan en servicios en la nube que además, en algunos casos, hacen caja con la venta de publicidad. ¿Se va a cobrar a Google y Microsoft también?

La asociación que se ha movilizado contra el canon reclama que no exista ninguna compensación de este tipo y que sean los propios productores de discos, películas o libros quienes incluyan en el precio de sus productos el coste de las copias privadas que se puedan realizar. Es una posibilidad, pero ¿no es justo también que otras empresas que se aprovechan de las copias (productores de aparatos, soportes, software, telefonía, etc.) compensen a los autores?

En algunos países europeos no se da esta discusión porque, directamente, consideran ilegal cualquier copia sin distinción. En Europa son Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta. En Reino Unido, por ejemplo, la realización de copias para uso personal ―de un producto cuyo original el usuario ha adquirido legalmente― puede incluso dar lugar a persecución por vía penal. Pero en la mayoría de países de nuestro entorno, la ley reconoce el derecho a realizar esas copias privadas, siempre que se compense a los autores.

Garantizar los derechos de autor

Es una discusión importante en el contexto de la protección de derechos en la sociedad de la información. Habrá que ver cómo afronta la cuestión el nuevo gobierno, pero no le resultará fácil satisfacer a todas las partes. Por otro lado, reconozcamos que la desconfianza en España hacia las asociaciones que gestionan los derechos de autor, debido al sonado caso de corrupción en la SGAE, tampoco facilita el debate. Pero los abusos y delitos particulares no deben llevarnos a ignorar los legítimos derechos de todos.

No es de recibo el discurso que considera que los derechos de autor son incompatibles con la cultura digital y que no hay otro remedio que «adaptarse» a las posibilidades ilimitadas de reproducción y distribución que ofrece la digitalización en su versión desregulada. Si bien es cierto que hace falta actualizar, desde el máximo consenso posible, el significado de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el contexto actual, esa actualización deberá pensarse con el fin de poner la tecnología al servicio del bien común, y no al revés, el bien común al servicio de lo que presuntamente dictan unas leyes tecnológicas ya previamente dadas. Y el bien común, en este caso, tiene mucho que ver con que podamos seguir garantizando una producción cultural de calidad, compensada de la manera más justa posible en el mercado.

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