José Alberto y Andrés estaban ansiosos. Parecía que por fin llegaba el día tan esperado. Les iban a adjudicar un niño en adopción.

Pero algo se torció. Les comunican que tendrán que seguir esperando. Se desesperan; llevan mucho tiempo esperando.

Primero lo intentaron con la adopción internacional, pero las múltiples trabas que ponen muchos países, cuando no la prohibición misma debido a su circunstancia diferente, les hizo desistir.

Se inscribieron entonces en el registro de familias adoptantes de su comunidad autónoma, hicieron los preceptivos cursos de formación, tramitaron multitud de papeleo, superaron los informes psicosociales y se les concedió la idoneidad. Así han estado en lista de espera durante casi cuatro años. Y ahora que parecían alcanzar la meta tan deseada… que no, que aún no.

Ellos ven una mano negra en todo esto y tras consultarlo con amigos, deciden denunciar ante la administración, que se ha vulnerado su derecho a ser padres; adoptivos, eso sí.

La entidad Gestión y Acogida Social (GYACSO) opta al contrato para la gestión del centro de reforma de menores que hay en las afueras de la ciudad. El concurso lo ha convocado la Consejería competente en la materia, y parece una buena oportunidad.

Sin embargo, a las primeras de cambio (en el “primer sobre”) han echado para atrás su candidatura por no cumplir los requisitos. ¡Cómo es posible! ¡Si GYACSO es una empresa de acreditada solvencia y ha sido adjudicataria de contratos similares en diversas comunidades autónomas! Aquí hay gato encerrado, piensan. Seguro que se lo quieren adjudicar a una empresa amiga.

Así que, hecha la consulta a su asesoría jurídica, deciden denunciar que se ha vulnerado su derecho a gestionar un centro de menores, en libre concurrencia con otros.

¿Derecho a ser padres? ¿Derecho a gestionar un centro de menores?

¿Quién tiene el derecho? ¿El adulto a satisfacer su deseo de tener un hijo, o el niño a cubrir su necesidad de tener un padre? ¿La empresa a obtener un contrato, o los menores a ser atendidos de la mejor manera posible?

Cuando hablamos de derechos pensamos en aquello que es reclamable –a la sociedad- según nuestro ordenamiento jurídico. En ocasiones, la satisfacción de dos derechos a un tiempo puede entrar en conflicto. Una pareja, o una persona sola, tiene derecho a no ser discriminada en un proceso de adopción por ninguno de los motivos que contempla la ley. Y la libre competencia existe en un sistema de economía de mercado.

Lo que no equivale a decir que unos adultos “tienen derecho” a tener un hijo. Al igual que una empresa no “tiene derecho” a gestionar un centro de menores.

Es el niño quien tiene derecho a tener un padre (un adulto, unos adultos que le cuiden, le ayuden y le acompañen en su crecimiento) y los menores en desamparo a recibir la mejor atención posible.

Y es la sociedad, a través de sus instituciones, la encargada de velar por los derechos de los niños. Los deseos de paternidad y de obtener contratos son muy lícitos (y, por supuesto, muy distintos entre sí), pero no conviene olvidar el orden de prioridades.

Imagen tomada de: http//www.crecerfeliz.es