Qué votamos el 26J

El 26J hay que votar. Sobre eso no queda duda, y no nos vamos a entretener en argumentarlo porque nuestros lectores comparten seguro la misma idea.

Una parte de la votación puede leerse en términos de derecha-izquierda. Lo esencial de esos términos es lo económico. En ese terreno, izquierda significa impuestos más altos para financiar más servicios públicos desde el principio, con la esperanza de que ello acabe aumentando la productividad por la vía de ofrecer más recursos vitales y más apoyo del Estado para la gente en general (parados, trabajadores y pensionistas; con suerte también autónomos y pequeños empresarios). Y derecha implica impuestos más bajos al coste de financiar menos servicios públicos en principio, con la esperanza de que ello aumente la productividad favoreciendo la inversión y la empresa privada (permitiendo así recuperar los servicios públicos a medio plazo, con menores impuestos pero la misma recaudación sobre una base más amplia).

Esas son nuestra derecha y nuestra izquierda: aquí no hay verdaderos liberales ni verdaderos comunistas suficientes para llegar al poder y hacer algo radicalmente distinto. Un Estado democrático de bienestar está de tal forma en el ADN del electorado que lo único que se discute es cómo hacerlo más eficazmente. Sobre ello sí hay diferencias entre las diversas opciones, que no son solo ni principalmente de principio, sino además de análisis de la situación: ¿estamos en un momento en que podemos recaudar y redistribuir más porque la economía lo permite, o al revés, todavía no estamos en ese momento y el imperativo sigue siendo reducir el déficit para no colapsar y producir más en conjunto, generar empleo aunque sea malo pero mejor que ninguno, etc.?

Ello se complejiza con otros aspectos relacionados con cuestiones territoriales, pero los márgenes de maniobra ahí son incluso más pequeños. La “desconexión” ni se hace ni se puede hacer, ni entre cualquier autonomía y España, ni entre España y la Unión Europea. Mucha retórica, pero los lazos económicos son tan fuertes que el que de verdad intente alguna de las dos se la pega. Por eso se habla con grandes aspavientos y abundantes banderas pero no se intenta en serio, llámese uno Puigdemont, Tsipras, o como quiera. Tampoco se puede hacer ninguna centralización interna real ni ninguna integración con Europa mayor que las marcadas por el Banco Central Europeo y los alemanes. Puede sostenerse una u otra posición en las negociaciones, pero los respectivos poderes en esa negociación son muy pequeños, comparados con el poder de los grandes agentes económicos y quienes representen su interés. De ellos dependen finalmente la inversión, la producción y el empleo: si los espantas estás listo. Aquí no hay petróleo en manos del Estado.

Voten lo que voten el jueves, en realidad ni siquiera los británicos, con una economía dos veces y media mayor que la nuestra, tienen poder suficiente para decidir un futuro solos. Si eligen irse (el “Brexit”, que va ganando en las encuestas), todo será ver cómo se salen sin salirse, porque no pueden permitirse “desconectar” su economía de la europea. Y eso que ellos sí tienen el petróleo del Mar del Norte. Pero no es nada comparado con cero aranceles para su producción y sus importaciones, o con la libertad de movimiento de capitales que hace que el 15% del producto nacional del Reino Unido se genere en los bancos y aseguradoras de la City londinense (el turismo es el 12% del PIB español, para hacernos una idea comparativa).

Volviendo a España, hay otra cosa en juego en las elecciones, que poco tiene que ver con opciones económicas, y por tanto no tiene sentido hablar de ella en términos de izquieda-derecha. Se trata de la calidad de nuestras instituciones nacionales, regionales y municipales. Tres males interconectados las afectan:

  • El clientelismo, viejo como nuestra política, que hace que el éxito económico e incluso la supervivencia de muchas familias y de muchas empresas de todos los tamaños, dependan de su conexión con quien detente el poder en cada nivel, municipal, autonómico o estatal. El clientelismo no es nada antidemocrático. Al revés, genera un cierto tipo de democracia, en que cada uno vota al que calcula que desde el poder le va a dar más directamente. Y lo estima así porque está directamente conectado con ese candidato o partido, o pretende estarlo pronto. Es una democracia bastante podrida, pero democracia. En ella los ciudadanos no son iguales ante la ley, sino que cada cual es tratado por el Estado, en cuestiones económicas decisivas como un empleo, un contrato o un subsidio, según sus conexiones. Puede ser todo perfectamente legal, por cierto, porque el que manda hace leyes o desarrolla políticas que le faciliten crear o mantener esquemas clientelistas.
  • La corrupción, que es básicamente lo mismo anterior pero cuando se les va la mano y empiezan a llevarse con los amigos y/o el partido más de lo legalmente posible. La corrupción sería excepcional si no hubiera clientelismo, pero habiéndolo, constituyendo el clientelismo una estructura fundamental de nuestra vida política, la corrupción se generaliza con mucha facilidad. Es el segundo paso una vez que se ha dado el primero. Si no hubiera primero, necesitaría un gran salto bastante visible. Pero si la política está montada sobre el clientelismo, la corrupción no es más que el siguiente pasito, a menudo difícil de distinguir de la trayectoria anterior.
  • La falta de financiación y de independencia del poder judicial. El poder judicial debe controlar a los diversos niveles ejecutivos cuando se puede haber traspasado la frontera de la ley. No tiene ninguna capacidad frente al clientelismo “legal” pero sí frente a la corrupción. En ese sentido le pone límite al clientelismo. Un poder judicial mal financiado como el que tenemos, hace que los casos de corrupción se eternicen en los juzgados. Un poder judicial poco independiente respecto al poder político, limita mucho que el juicio ocurra según la ley en vez de según las concretas conexiones y expectativas de ascenso del tribunal o del fiscal de turno. Pero además, el poder judicial controla a los agentes económicos privados de todo género. Ahí el problema no es de independencia pero sí de financiamiento, por tanto de velocidad. Resulta de primera importancia para la vida económica que los desafíos legales a los contratos de cualquier tipo (contratos del Estado, entre empresas privadas, laborales, quejas de los consumidores, alquileres, etc.) se resuelvan de manera rápida y al coste más bajo posible para los involucrados. “Justicia demorada es justicia negada“. De ello depende en buena medida la eficiencia de nuestra economía, por tanto su capacidad para producir y generar empleo.

Clientelismo, corrupción y subyugación política o asfixia económica del poder judicial, no son defectos en especial de la derecha o de la izquierda. Los encontramos a ambos lados del espectro. Y, más preocupante, empezamos a encontrarlos también en los nuevos actores conforme alcanzan algún poder o lo respaldan, aunque obviamente los que llevan décadas mandando en el Estado, las autonomías y/o los municipios han mostrado mucho más cuánto apoyan su éxito político en ellos.

Esta materia de la calidad institucional es interna nuestra. Los males se originan en nuestra sociedad y nadie nos ofrecerá soluciones desde afuera. Tenemos que construirlas nosotros; si no, simplemente produciremos menos con nuestros recursos, competiremos peor en los mercados internacionales, tendremos mayor desempleo, seremos más desiguales ante la ley. Nadie va a poner dineros de afuera para cubrir esa ineficiencia políticamente generada, “democráticamente” generada.

Quizás movernos en una dirección u otra en calidad institucional, sea lo más importante que debemos sopesar al votar el 26J y al presionar a los políticos el día después. Ciertamente es aquello en que tenemos mayor margen de maniobra real, no retórico, como ciudadanos.

Claro está, todo esto es a corto plazo, de aquí al domingo, los siguientes meses si por fin se forma algún gobierno. En el largo plazo pueden y deben pensarse otras cosas. Pero una condición para movernos en cualquier dirección de largo plazo es que no hayamos colapsado en el corto, que nuestras instituciones se recuperen en vez de destruirse en caudillismos o seguir degradándose en clientelismos, que nuestra economía aumente su capacidad productiva en vez de disminuirla. Lo mejor que podamos hacer de momento, aunque parezca poco ambicioso y sometido a muchas restricciones, constituye los cimientos sobre los que abrir otras posibilidades a la larga. Si por el contrario en unos años nuestra sociedad está peor que ahora en calidad institucional y en productividad de su gente, no importa cuánta retórica hayamos derrochado, estaremos cerrando el futuro.


Imagen: www.pedirayudas.com/wp-content/uploads/2015/03/compra-de-votos.png

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Raúl González Fabre
Soy un hermano jesuita, profesor de la Universidad Comillas en el área de Ética y Economía. Me interesa especialmente la zona de contacto entre Microeconomía y Ética. Cuando el tiempo me lo permite, hago simulaciones informáticas en ese terreno. En temas relacionados he trabajado en Venezuela y en Estados Unidos. Además, siempre me ha preocupado la situación de quienes se ven forzados a padecer situaciones inhumanas como la guerra o diversas formas de esclavitud. En esos campos he trabajado con el Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela, Zambia y Roma. En este momento soy el director de entreParéntesis, y también el webmaster, así que si escribes al icono para ello, me llega a mí.

3 Comentarios

  1. No puedo estar más de acuerdo! Seremos capaces?
    Un abrazo Raúl.

  2. Totalmente de acuerdo. Un análisis perfecto. La cuestión es si la ciudadanía (al menos alguna parte de ella) entiende lo que significa recuperar nuestras instituciones y el propio sistema productivo. Por ahí va nuestro futuro frente a los caudillismos absurdos y trasnochados.

  3. ¡Extraordinario este POST!

    Gracias Raúl. Lo suscribo al 100% y sigo aprendiendo.

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