En la concepción católica de la política, la prudencia–el sentido de la realidad, si se quiere–es la principal de las virtudes del gobernante. Lo peor que se puede decir a alguien que decide en nombre de millones, es que sea un imprudente.

La prudencia va antes que la justicia: por justo que algo parezca, no es bueno como no sea prudente. Si gracias a nuestros desvelos los pobres acaban peor que empezaron, nuestras acciones habrán perseguido con ahínco la justicia, y habrán sido a la vez muy malas. Moralmente malas. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Incluso si se cree en cierta buena voluntad detrás de la dirigencia bolivariana, algo ya muy difícil a estas alturas, véase Venezuela para entender lo que digo.

Las elecciones mostraron una presencia importante, alrededor del 30%, de opciones políticas que quieren dinamitar el sistema constitucional vigente. En ese 30% se reúnen quiénes sienten que no tienen mucho que perder en lo social, junto con quienes quieren formar país aparte bajo su control. Ambas son opciones políticas legítimas pero imprudentes en el sentido de que hay mucho que perder, y muy deprisa, en la situación económica actual.

Actuar como si la economía no fuera global, como si el capital no fuera libre de moverse, o como si la inestabilidad no resultara carísima, es un suicidio. La estructura económica dominante no es como uno quisiera, sino como es. Que venga el hermano Tsipras y lo explique. Los que creen que no pueden empeorar económicamente (porque no tienen trabajo, por ejemplo, o lo tienen de muy mala calidad) pueden sin embargo perder el Estado del bienestar, que les sostiene aunque sea por vía de la pensión de la abuela. Los que quieren formar tienda aparte pueden perder la unidad del mercado de que viven sus empresarios y trabajadores: la bajada de recaudación fiscal puede ser bastante mayor de los soñados 16000 millones.

Las elecciones mostraron también una presencia más importante, alrededor del 70%, de opciones políticas que no quieren destruir el sistema constitucional vigente. Resulta difícil estimar cuántos querrían mantenerlo exactamente como está, y cuántos creen que son precisas reformas de calado. Pero a estas alturas está claro que esas reformas, de la cual la más importante es la restauración inmediata de la independencia del poder judicial y su financiamiento suficiente para hacerlo operativo y rápido, resultan imprescindibles para que cualquier combinación política más prudente desde el punto de vista económico, gane la legitimidad moral necesaria.

La imprudencia que nos preocupa no es de los devotos de patrias diversas, ni de los leninistas irredentos o los hijos de Bakunin. Esas imprudencias se las ve venir, no hace falta gran clarividencia para predecir el desastre. Sin embargo, escondida detrás de ellas, vistiéndose de prudente porque al lado de la catástrofe económica cualquier cosa lo parece, se oculta otra forma de imprudencia, sutil pero decisiva: la de quien ignora las condiciones morales del liderazgo político. Poco importa si lo hace mirando para otro lado, o si lo hace gritando más que nadie la acusación de corrupto al otro mientras el propio historial, hasta el presente, no permite tales alegrías.

Imprudencia política es no saber cuándo uno ya no puede encarnar las condiciones morales de la legitimidad política. No retirarse y dejar el paso a quienes, sin compromisos con la cleptocracia masiva del pasado autonómico y municipal inmediato, hagan las reformas que el 70% necesita para volver a creer en su democracia.

En quien aspira a gobernar, si no hay prudencia, lo demás está de más, que diría Mecano. Por acción o por omisión, vender el 70% del electorado al 30% más desestabilizador, constituye una imprudencia muy grave.


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