Pactos de Estado

El reconocimiento de que hay asuntos que requieren cambios sustanciales lleva a la conclusión de que son necesarios Pactos de Estado para cada uno de ellos. Así se habla de Pacto por la educación, por el sostenimiento de las pensiones y demás prestaciones sociales,  por la modernización productiva, también denominada Industria 4.0,  por la Sanidad, contra la violencia machista, por el empleo, presupuestario, constitucional, etc.

Este año, en el que se cumple el cuarenta aniversario de los Pactos de la Moncloa, parece reeditarse la conveniencia de llegar a un amplio acuerdo político. Se cree que es el único modo de afrontar transformaciones de calado en los principales aspectos que afectan a la convivencia de los españoles. Se parte de la premisa de que, si en circunstancias si cabe más difíciles, fue posible alcanzar un consenso para abordar reformas fundamentales, nada debe impedir que vuelva a lograrse un compromiso entre los distintos partidos políticos. Sin embargo, la dificultad reside en que actualmente no hay un diagnóstico tan claro, como el que en su momento existió, sobre los principales problemas sociales, políticos y económicos. Los Pactos de la Moncloa fueron posibles porque el acuerdo político se apoyaba en un pacto social implícito y en la urgencia de algunas soluciones económicas básicas.

En la transición existió un acuerdo social mayoritario respecto a la prioridad de conseguir un marco de derechos y libertades garantizado por una Constitución. También se tenía conciencia de que frenar la inflación y el desequilibrio con el exterior era imprescindible. La redacción de la Constitución, que finalmente se aprobó en 1978, y la inmediata puesta en marcha de un amplio paquete de medidas económicas, que iba más allá de las simples medidas coyunturales (parches cada vez más ineficaces), demostró que el cambio iba en serio y obtenía resultados a corto plazo que posibilitaban la continuidad de las reformas. Se inició una senda virtuosa en que los pasos que se iban dando, por pequeños que fuesen, reafirmaban que había continuidad en las reformas y que eran efectivas.

Esto reforzaba la legitimación del proceso, limando, cada vez más, las reticencias y suspicacias, que por supuesto también existían. El grado de tensión y conflictividad social era muy alto, pero por encima de ello se iban encontrando vías de acuerdo y solución. Aumentaba el convencimiento de que era necesario preservar y reforzar en lo posible el marco de convivencia que con la Constitución y las reformas económicas se había conseguido, aunque eso implicase ciertas renuncias por parte de muchos. Figuras como Adolfo Suárez y Enrique Fuentes Quintana, entre otros, fueron capaces de representar y liderar ese conjunto de fuerzas y aspiraciones muy dispares e incluso con frecuencia enfrentadas entre sí, pero que conformaban una cierta conciencia colectiva compartida por la mayoría de la población.

Muchos afirman que la transición culminó con el acceso del Partido Socialista Obrero Español al Gobierno con Felipe González al frente. Ciertamente eso constituía un signo de consolidación de las instituciones democráticas, pero también representó el comienzo de una reversión en el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil, que todavía era muy débil. El creciente protagonismo de los políticos en los medios de comunicación y en el control de las instituciones democráticas fue apagando la frágil voz e iniciativa de intelectuales, técnicos, funcionarios, líderes ciudadanos, artistas y demás componentes de la vida social.

El origen fundamental de todos nuestros males actuales no reside en la transición del franquismo a la democracia que tuvo lugar entre 1975 y 1982, como ahora algunos afirman, sino en lo que se hizo, y sobre todo en cómo se hizo, posteriormente. Ahí hay que buscar la clave de la pérdida progresiva de una conciencia colectiva común. Se ha ido abriendo una fosa entre los representantes políticos y aquellos a quienes representan, que se traduce en un desprestigio de buena parte de las instituciones del Estado.

La mayor dificultad para lograr un Pacto de Estado, que abarque los principales problemas con que nos enfrentamos en España, no está en que se llegue a un acuerdo entre los partidos políticos. Reside en la falta de una conciencia colectiva que, por encima de diferencias en el diagnóstico de la situación, permita consensuar cuáles son las prioridades y vaya a la raíz de los problemas, implicándose en los mismos y teniendo una participación activa en su resolución.

Crear dicha conciencia no es una cuestión que se pueda resolver en debates y decisiones asamblearias o en el otro extremo en una decisión de carácter puramente tecnocrático o burocrático. Requiere hacer emerger a la opinión pública análisis y diagnósticos que quedan tapados por discursos políticos partidistas y opiniones con frecuencia superficiales de carácter periodístico. Y ante todo implica un cambio previo de actitud que evite que lo colectivo se malentienda como la suma de intereses individuales (“¿qué hay de lo mío?”) en vez de como un acervo común que construimos entre todos. La democracia auténtica pasa por una dimensión espiritual de la conciencia. Hasta que no respetemos de una manera profunda al otro, no habrá democracia participativa.

Lo expresa muy bien el escritor colombiano Mario Mendoza en su obra Paranormal. Colombia: “El paso del pronombre personal de primera persona del singular (yo) a los pronombres plurales es muy difícil y complejo. No hay democracia auténtica sin una conciencia del cuerpo propio y de los otros…..No somos capaces de unirnos, de enlazarnos en busca de un destino general… No podemos pensarnos mancomunadamente porque ni siquiera somos capaces de asumirnos a nivel individual. Estamos desarraigados de nosotros mismos y de los demás”.

Compartir
Juan Ignacio Palacio
Nació en Madrid en 1951 y estudió en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Madrid). Aficionado al baloncesto, jugó en distintas categorías del Canoe N.C. Fue presidente de la Federación Española de Comunidades Universitarias Cristianas (FECUM). Catedrático de Economía Aplicada, actualmente es profesor colaborador de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Trabajó en la empresa privada (Fraser Española, EIDA y AYSA), representante español en el grupo EPOS (European Pool of Studies) de la Comisión Europea (1986-1991). Profesor en la UCM, UCLM y varias universidades latinoamericanas. Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido Vicerrector de Investigación en la UCLM y Vicerrector de Asuntos Económicos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Distinguido con cuatro premios nacionales de investigación y autor de diversas publicaciones tanto de carácter científico o académico como divulgativas, sobre la historia social, la economía española y el mercado de trabajo.

Escribir un comentario

Please enter your comment!
Please enter your name here