Pacto de Estado es una expresión que todos conocemos y muchos exigen a los representantes políticos.

La magnitud del concepto varía según la materia sobre la que se reclame dicho pacto. Hay quienes lo piden global: un pacto de estado para salvar al país. Los partidos (aunque a veces se les escapa e incluyen el adjetivo: los grandes partidos), ante una situación de especial dificultad y riesgo, dicen, deben unirse y alinear sus políticas –especialmente las económicas- para sacar la nación adelante. Y una vez salvados, ya podrán volver a pelearse.

Más acostumbrados estamos a oír clamar por los consiguientes pactos de estado por la educación, en materia antiterrorista, o en política internacional.

Suele entenderse como tal pacto la demanda que hacen los ciudadanos a los políticos, de que gobierno y oposición vayan a una en determinados terrenos; o que se comprometan a que la alternancia en el poder, no suponga la modificación cuatrienal de algunos marcos legislativos, cuyo sentido y eficacia van unidos a su durabilidad en el tiempo.

Quizá no tan frecuente sea la interpretación que abogaría porque, en ciertos temas, no puede haber tantos modos de aplicación, como autonomías tiene el Estado español.

Por mi parte, yo también reclamo un Pacto de Estado por la protección a la infancia. Por pedir que no quede.

Pero si eso ya está, me dirán. Precisamente las dos leyes promulgadas el verano pasado (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; y Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia), en cierto modo tienen ese objetivo. Y no van desencaminados.

Es verdad que esta legislación, que renueva la que disponíamos de 1996, busca entre otras cosas, “… continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado”; incluso la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2015 afirma que “El Gobierno promoverá con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio…”.

Sin embargo, hoy en día, la horquilla de financiación del mismo tipo de recurso para la infancia (por ejemplo, un centro de protección) varía un 120%. Es decir, que una autonomía considera que la plaza de un menor en un centro debe tener un coste de 50 euros al día, y otra, que debe costar 110.

Sí, ya sé que todo, todo, todo, no depende del dinero. Pero claro, si queremos “…conseguir garantizar a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado”, se hace necesario un Pacto de Estado para derogar la Disposición final quinta de la L. O. 8/2015 que dice literalmente: “Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público”.

 

Imagen tomada de http://www.es.slideshare.net