El modelo de control social sale rentable

Durante muchos años estuvimos exigiendo la elevación de la edad penal. Nos parecía inadecuado desde cualquier punto de vista, que un niño de 16 años ingresara en el sistema penitenciario de adultos para “pagar” por sus conductas (por sus delitos).

A los lectores más jóvenes les recordaré que antes del año 2001, es decir, hasta que entramos en el siglo XXI, cuando un niño de 16 años cometía una infracción del código penal que comportaba la privación de libertad, iba a la cárcel. En España, con 16 años, no podías conducir un coche, ni abrir una cuenta corriente, pero podías ir a la cárcel.

En realidad, hablar de sistema penitenciario de adultos era una redundancia, ya que el de adultos, era el único sistema penitenciario existente. Bien es verdad que también estaban los centros de los Tribunales Tutelares de Menores (los “reformatorios”) en los que acababan encerrados tanto los chiquillos algo rebeldes y desobedientes, como el menor de 16 años con un crimen horrible a sus espaldas (que alguno había). Pero, sobre todo, allí estaban los gamberretes y absentistas, con fuerte desarraigo familiar, en definitiva, los niños de la calle.

Es difícil de entender cómo una ley como la de Tribunales Tutelares de Menores, de 1948, que contenía preceptos claramente inconstitucionales, como la privación de libertad por tiempo indeterminado y sin ninguna garantía procesal, se mantuvo en vigor hasta 1992 que se derogaron algunos artículos (recordemos que la Constitución española es de 1978), perviviendo el sistema de centros –reformatorios- del Tribunal Tutelar de Menores hasta el año 2000.

Por fin, el 1 de enero de 2001 entra en vigor la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores; se instaura un modelo específico de justicia juvenil y como cuestión más destacable entre otros muchos cambios sobre el anterior sistema, se eleva la edad penal a los 18 años. Objetivo cumplido. O eso parecía.

Han pasado 15 años desde entonces. Periódicamente, surge la controversia en los medios de comunicación sobre el modelo de justicia juvenil. Cada vez que un menor de edad ha cometido un asesinato (como los de Sandra P., de Clara G. o de Marta C.) discutimos sobre si esta nueva ley penal juvenil no es demasiado blanda y los castigos no son demasiado leves. Numerosas son las voces que claman y muchos los ecos que reciben, en pro de un mayor control –social- de estos “jóvenes delincuentes”, y de menos teorías “condescendientemente educativas”.

Mucho más alejado de los focos mediáticos y de forma mucho más sutil, el “lobby” de los constructores y gestionadores de centros cerrados de menores (los antiguos reformatorios), “se trabajan” a las administraciones para hacerles comprender lo difícil y caro que resulta el control de estos jóvenes.

La pinza está servida. Si analizamos los presupuestos de dinero público que las comunidades autónomas destinan a la reforma de menores (los centros cerrados de reforma de menores son, en casi todas las autonomías, desproporcionadamente caros, muy por encima del coste objetivo, que cualquier otro servicio, programa o centro destinado al menor) con la “clave de interpretación” de los dos párrafos anteriores, caeremos en la cuenta de que la opción por el control social, por encima de la recuperación educativa y la reinserción, gana cada vez más adeptos. La alarma social provocada por un crimen sin castigo … suficiente, tiene coste político, y esto el mercado lo sabe aprovechar.

La legislación actual contempla que, hasta los 14 años, un menor es inimputable penalmente y que hasta los 18 años, no puede ir a un centro penitenciario.

Visto lo visto, me entra la duda de si no les hemos hecho un flaco favor a estos chicos, y en vez de conseguir elevar la edad penal a los 18 años, les hemos regalado un régimen “semipenitenciario” desde los 14.

 

imagen: www.20minutos.es

2 Comentarios

  1. Es cierto: no es solo asunto de principios.
    La cuestión tendría que ver con la coherencia entre lo que pretendemos (lo que decimos pretender como sociedad) y los instrumentos que aplicamos para conseguirlo.
    En el tema de menores hay que preguntarse lo mismo: ¿qué objetivo quiere conseguir la sociedad con un niño -una persona menor de 18 años- que ha realizado una conducta que infringe el código penal? ¿y cómo pretende conseguirlo?
    Datos y estadísticas hay que avalan la eficacia de modelos educativos (o re-educativos) en régimen abierto como eficaces en la prevención y evitación de conductas delictivas en niños (en personas menores de 18 años).
    Y datos y estadísticas hay sobre el incremento de los presupuestos en medidas que podríamos denominar de mayor control social (centros cerrados, sobre los que también hay buenas estadísticas en la “no reincidencia” de los internos).
    ¿Podemos entender esto como una “opción” por el control social?
    Si ambas opciones son eficaces ¿es casualidad optar por la más cara?

  2. Me parece una cuestión planteada de manera muy pertinente, pero necesitaríamos algunos datos más para darle respuesta. Nada puede ser absolutamente incondicional, cueste lo que cueste en dinero o en vidas de otras personas. ¿Tenemos estadísticas al respecto, que apoyen nuestro modelo, sugieran algunas direcciones de mejora o señalen otras en que mejor es no moverse?
    Quiero decir que toda decisión moral concreta, como esta, es asunto del mejor equilibrio posible entre principios y consecuencias. No es solo asunto asunto de principios.

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