Maternidad y gestación subrogada en la agenda política

La semana pasada se presentó el Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada elaborado el Comité de Bioética de España. Impropia y simplificadamente conocido como tema de los “vientres de alquiler”, es una cuestión importante que está haciéndose un hueco en la agenda política. Acostumbrados a temas económicos o financieros, los ciudadanos deberíamos celebrar la colocación de la maternidad en general, y la gestación subrogada en particular, en la agenda política porque con ella emerge al debate público el apasionante mundo de la vida, los valores y la inteligencia maternal en una simplificada agenda cultural.

Con la presentación del Informe se toma la iniciativa en un tema que el grupo político de Ciudadanos llevaba en su programa electoral y para el que prepara un anteproyecto de ley. En el programa electoral, este grupo político planteaba la necesidad de regular a través de un contrato de gestación esta práctica. Incluso planteaba contemplar la compensación económica para que la madre gestante tuviera adecuadas garantías y se atendieran los derechos del niño. Ninguno de los otros partidos se atrevió a plantear abiertamente el tema y tengan por seguro los lectores que en las próximas elecciones será uno de los temas “estrella”.

Esta iniciativa del Comité de Bioética ha dejado con el pie cambiado al grupo político de Ciudadanos y, lo que es más importante, está interpelando al resto de los grupos a leer un documento que supera las 90 páginas y para que el muchas de sus señorías dirán que no tienen tiempo. Pues bien, no les quedará más remedio que leérselo, clarificar las posiciones entre los propios grupos parlamentarios y hacer pedagogía política entre las bases porque resulta ridículo legitimar la expresión “derecho a tener un hijo”.

Y entonces aparecerán los problemas en las izquierdas y las derechas. Primero porque el simplificado feminismo de cierta izquierda no entiende que el feminismo sensato de matriz cultural se haya mostrado claramente contra la maternidad subrogada por lo que supone de instrumentalización y comercialización del cuerpo de la mujer. Segundo porque los grupos liberales pedirán que se formalice mediante contrato público la relación y establezcan garantías en las transacciones comerciales, en el precio de los servicios y en las tarifas que regulan el suculento negocio de las agencias internacionales que se aprovechan de una falta de regulación jurídica homogénea en el derecho internacional. Incluso los partidos conservadores tendrán que medir su simpatía con posiciones liberales porque se avergüenzan de apelar a valores morales, tradiciones religiosas o simplemente “principios morales”.

Con la irrupción del tema en la agenda política, el Comité no ha pretendido tomar parte en el debate legislativo o avalar las posiciones partidistas de los grupos parlamentarios. Ha pretendido abordar un tema cultural importante, zarandear la agenda política, despertar a la opinión pública y quitar la venda de los diputados que legislan porque están a punto de meterse en charcos innecesarios, incrementar la inseguridad jurídica y tirar por la borda todo el sentido del derecho. Cuestiones que aparecen no solo cuando se delibera públicamente sobre el presunto derecho a tener hijos (y se confunden los deseos con los derechos), sino cuando se plantea la nulidad en los efectos de un contrato que afecta al reconocimiento de la dignidad de la madre, del niño y por extensión a toda la sociedad.

Antes de que se proceda a la reforma de las leyes que pueden corregir la desconcertante situación existente en la actualidad, los redactores del informe presentan tres criterios que pueden orientar las deliberaciones públicas sobre el tema. Son los siguientes:

a.- Principio de mínima intervención. La ley vigente establece la nulidad de los contratos de gestación por sustitución; no sanciona a quienes intenten llevarlos a cabo. La reforma de la ley debería orientarse a lograr que la nulidad de esos contratos sea también aplicable a aquellos celebrados en el extranjero. Para contribuir a la efectividad de la medida podría considerarse la posibilidad de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad. Solo en el caso de que estas medidas resultaran insuficientes para impedir la gestación por sustitución en el extranjero se debería considerar la posibilidad de recurrir a otras medidas legales que reforzaran su cumplimento.

b.- Hacia una prohibición universal de la maternidad subrogada internacional. Las desgraciadas experiencias de países en los que esta práctica ha puesto crudamente de manifiesto las explotación a la que son sometidas las mujeres gestantes es una razón fuerte para que España defienda, en el seno de la comunidad internacional, la adopción de medidas dirigidas a prohibir la celebración de contratos de gestación por sustitución a nivel internacional.

c.- Transición segura. No se puede desconocer que, en estos momentos, un número indeterminado de españoles está inmerso en procesos de maternidad subrogada internacional. Es importante que la transición a una regulación más efectiva no produzca el efecto colateral de dejar desprotegidos a los niños que nacen de estos procesos. Para ello se garantizará que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo”.

Este informe puede consultarse completo en http://www.comitedebioetica.es/documentacion/index.php

 

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