Para cualquier tipo de comunidad, el espacio donde encontrarse y compartir resulta un elemento crucial. En el caso de las comunidades religiosas, la realidad nos indica que este espacio físico, los centros de culto, son un punto clave para las distintas confesiones.

No obstante, esta necesidad clave se ha topado de frente con serias complicaciones en lo que a la gestión pública y las ordenanzas que regulan estas materias se refiere. Durante largo tiempo, quizá por el predominio de la religión católica en nuestro país, no ha surgido una reflexión en torno a un espacio físico urbano asignado a las prácticas religiosas. Sin embargo, desde hace algunos años nuestras sociedades han visto incrementada la diversidad, que en cierta manera siempre las ha caracterizado. Hoy en día y si nos centramos en el País Vasco, Comunidad Autónoma que mejor conozco, son al menos diez las religiones que tienen presencia además de la religión católica. Estas confesiones por lo general cuentan con mayores dificultades a la hora de disponer de centros o espacios en los que poder llevar a cabo tanto el culto o liturgia, así como las distintas actividades que acompañan a la comunidad. A estas dificultades se les añade el hecho de que desde las distintas administraciones públicas no existen hasta el momento protocolo, ni ley alguna que regule este tema. Al respecto, debo señalar, que sí que existió un anteproyecto de Ley de apertura de centro de culto para el País Vasco, pero nunca fue objeto de aprobación. Siendo que la decisión en temas de urbanismo queda a merced de los distintos ayuntamientos, la discrecionalidad y diversidad de medidas que adoptan cada una de estas administraciones locales está servida.

En este sentido, desde septiembre del 2013 en el municipio de Bilbao se está viviendo una situación complicada, de tristeza, impotencia e incluso enfado, para las distintas confesiones. El ayuntamiento aprobó la modificación del Plan General de Ordenanza Urbanística, de manera que las distintas comunidades religiosas a partir de esa fecha no podrían abrir sus centros de culto en ningún edificio de uso residencial. Dicho así, no pareciera que las posibilidades de apertura de estos espacios, como señalábamos al comienzo, casi vitales para las distintas confesiones, se esfumen. Pero si nos adentramos en la geografía bilbaína y, con mapa en mano, observamos cuáles son los espacios que posibilitan este tipo de centros, el vaso se nos vacía. Nos damos cuenta de que los edificios a los que el ayuntamiento aboca con su modificación son realmente imposibles de compartir. Estamos hablando de lugares como la torre de Iberdrola, el edificio del BBVA, centros escolares y un largo etcétera que, como comprenderán, no están al alcance de casi ningún ciudadano de a pie y menos aún de las comunidades religiosas a las que nos referimos.

Esta complicada situación ha llevado a algunas de las confesiones a sumergirse en un camino de reflexión y de toma de medidas legales, como interponer recurso a esta modificación presentada. El camino está siendo arduo. Por un lado, porque por el momento no les es posible abrir ningún otro centro de culto, una necesidad que se acrecienta en algunos casos. Por otro, porque la libertad religiosa queda mermada con acciones como ésta, que lejos de normalizar el hecho religioso, dificultan su desarrollo y lo abocan a la exclusión. En próximas entradas iremos contando cómo han ido las cosas.