Sobre el derecho a la educación y la libertad educativa. Reflexiones para una “democracia avanzada”

Disiento de cuatro afirmaciones al hilo de la reciente posición del gobierno socialista sobre la regulación del derecho a la educación y de la libertad educativa (infra). Y ello porque el tratamiento de la ministra de Educación, Isabel Celaá y de la portavoz del PSOE, me parecen discutibles desde una perspectiva democrática. En particular porque presuponen una idea de democracia paternalista que asume un centralismo ideológico estatalista uniformador y que reduce lo público sólo al campo de acción de la Administración Pública.

Por el contrario, una democracia no paternalista, no compite sino que permite la contribución de otros actores sociales al ejercicio y realización de los derechos fundamentales y a la prestación de servicios públicos como el de la educación. Ello permite superar una democracia paternalista, pasiva o delegada, y plantea la necesaria y deseable complementariedad entre garantía pública y garantía social de los derechos fundamentales. Y ello implica dar cabida a actores sociales que pugnan (en el marco constitucional y de supervisión público-administrativa) por contribuir desde sus propias energías morales por dar garantía social a los derechos fundamentales legitimados en el consenso constitucional. Así, facilitan el desarrollo de una “democracia avanzada” en cuanto pueden, desde sus propios presupuestos, compartir y desarrollar el núcleo ético incorporado a la Constitución.

Frente a un estatalismo celoso y competidor de la iniciativa social, hay que recordar que nuestro marco institucional es el de un “Estado social y democrático de Derecho”. Por ello, el poder público no puede desatender el carácter social y democrático del Estado. Lo “social” aquí no consiste sólo en recibir prestaciones públicas de la Administración para satisfacer los derechos sociales, sino que exige incorporar la dimensión activa de lo social en la configuración y realización de los derechos.

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De ahí que el Estado no deba monopolizar sino también pluralizar y dar cabida a los actores sociales en el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales. En esta línea, la Constitución española en su Preámbulo proclama la voluntad de “establecer una sociedad democratica avanzada” (SDA). Como señaló Pablo Lucas Verdú, ello marca un aspecto radical del telos de la Constitución, que establece una norma finalista con el propósito de marcar el horizonte de una transformación social y política: “la transformación social de que hablamos supone un contenido y finalidad evidentemente éticos. La SDA no estriba exclusivamente en un desarrollo tecnológico, en lograr mejor calidad de vida. Advirtamos que el Preámbulo dice asegurar a todos una digna calidad de vida. Porque la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la dignidad de la persona humana y los derechos inviolables que le son inherentes son valores”.

Así, una “democracia avanzada” tiene un núcleo ético de valores que la dotan de sentido y dirección. Destacamos, por el riesgo de “olvido” la referencia al “pluralismo”. La dignidad de la persona y los derechos inviolables no puede darse sino desde la posibilidad y la garantía del pluralismo. Lucas Verdú también nos recordó que SDA fue una contribución semántica de la izquierda a la definición constitucional. Interesante recordatorio cuando la izquierda en España (PSOE, Unidos Podemos) se quiere posicionar en contra del pluralismo real en la vida pública y de la participación social en la prestación de servicios públicos.

Las declaraciones:

  1. La red pública ha de ser el referente del sistema educativo” porque “si el individuo tiene el derecho fundamental, constitucionalmente reconocido a ser educado, sólo con garantía puede ser prestado puede ser prestado por la administración pública” (Ministra I. Celaá).
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La Administración tiene que asegurar la garantía, pero no generar una forma única de prestación cuando la iniciativa social promueve formas propias de prestación y participa así también activamente en la esfera pública. Y ello porque junto a la garantía institucional como última instancia para que los derechos sociales no sean inefectivos, existe también la garantía social de los derechos, que es promovida y sostenida por actores sociales en el marco de la ley.

  1. Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir un uso racional de los medios” (Ministra I. Celaá).

Los servicios públicos no pueden ser configurados como un “plato único” sin participación activa de la ciudadanía. Los actores sociales pueden pluralizar la oferta de los servicios públicos en el marco de la constitución. Por otra, parte “uso racional” de los medios no puede retrotraernos a formas de despotismo ilustrado, donde el Estado pretende el monopolio de la racionalidad y elimina de ella paternalistamente a la ciudadanía, que es sustituida en su capacidad de crear formas de vida e instituciones para satisfacer necesidades sociales y promover el bien común.

Además, hay una racionalización de los medios educativos, y en particular sobre la educación concertada cuando se regula, autoriza y supervisa por la Administración los servicios públicos educativos cuando son prestados desde la red concertada. Esto no es una concesión graciosa o en función de la afinidad ideológica de quien detente el poder gubernativo, sino una exigencia legal y constitucional para los poderes públicos.

  1. Celaá ha confirmado que modificará el artículo de la LOMCE para “retirar el requisito de la demanda social”.
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Retirar esa forma de dar cabida efectiva a la libertad educativa (art. 27 de la Constitución), implica tendencialmente imponer un modelo único y estatalista de prestación educativa que imposibilita de facto el pluralismo social e ideológico en la definición de las alternativas educativas.

El Estado tiene un derecho legítimo, y el deber, de cuidar que todas las ofertas educativas respeten los valores éticos constitucionales y las exigencias legales. Pero ello no legitima una forma única y estatal de prestación educativa.

  1. Según la portavoz del PSOE en materia educativa, Mari Luiz Martínez Seijo, este “eufemismo” (la demanda social) ha permitido “legislar para conceder ciertos privilegios“, “blindar una escuela más selectiva y clasista” y fomentar “la proliferación de centros-guetos“.

Sin embargo, “conceder privilegios” no es la permisión del ejercicio de derechos fundamentales y la contribución al ámbito público en la prestación de servicios públicos por actores e instituciones sociales. Estos no pueden ser privilegios en la medida en que los privilegios niegan o imposibilitan derechos a otros sujetos o grupos sociales.

Si los “centros-guetos” no respetan los valores constitucionales y las exigencias legales no pueden ofrecer el servicio de la educación. Pero si esto fuera así según la Administración educativa, sería una decisión que en última instancia le compete validar a los tribunales de justicia.

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