En las reflexiones habituales sobre la digitalización de las empresas y servicios se suele pasar por alto aquellas condiciones estructurales que hacen posibles los procesos de cambio en una sociedad democrática. De hecho, somos capaces de cuestionar el sistema político o económico sin valorar o defender las libertades básicas que lo hacen posible, como si la libertad de expresión, de pensamiento o de asociación hubieran surgido de la nada. Con el derecho de los padres a la libertad de educación surge algo parecido porque algunos creen que los niveles de pluralismo conseguidos resisten la supresión de algunos derechos fundamentales.

En algunos colegios concertados de nuestro país, muchos profesores comparten posiciones sindicales y políticas contrarias al sistema de conciertos y contrarias al derecho constitucional de la libre elección de centro. Hasta ahora, en los claustros y reuniones habituales de la comunidad educativa nos encontrábamos con padres y profesores que trabajando o llevando a sus hijos a centros concertados, mantienen el discurso habitual del izquierdismo educativo resumido en el lema de una escuela “única, pública y laica”. Estos padres y profesores se permitían la osadía y el lujo de dispararse en los propios pies e incluso tirar piedras contra su propio tejado, como si sus convicciones educativas no tuvieran consecuencias prácticas y sus opiniones fueran simples ejercicios retóricos que no irían contra sus propios intereses.

A partir de ahora, las cosas están cambiando porque muchos profesores y padres están comprobando que la batalla contra la libertad educación iba en serio, es decir, que las convicciones educativas que habían mantenido hasta ahora conllevan el cierre de centros educativos y, lo que parecía increíble, dejar en el paro a muchos profesores y trabajadores de los centros concertados. En muchos centros concertados de la Comunidad Valenciana, donde los partidos que apoyan al gobierno autonómico defienden el modelo de la escuela “única, pública y laica”, la incertidumbre y la inseguridad se han instalado en toda la comunidad educativa. Lo más curioso es que al reducir unidades, al suprimir los conciertos y al simplificarse sectariamente la oferta educativa, muchos profesores y padres creían que lo que ellos habían votado no les afectaría a su vida cotidiana. “¿Por qué a mi, trabajador de centro concertado, si yo os había votado a vosotros?”,”¿por qué a nosotros, padres progresistas, se nos obliga a cambiar a nuestros hijos de centro?”,”¿por qué a mi, trabajador afiliado en sindicato de clase, me afecta este cierre?”

El horizonte previsible de un Pacto Educativo no puede limitarse a una simple negociación o intercambio de datos para evitar la guerra entre los defensores de la escuela “pública” y los defensores de la escuela de “iniciativa social”. Tampoco puede limitarse a una simplificación de los términos entre privatización o estatalización, entre defensa de idearios educativos y la planificación centralizada. El tema es complejo y por eso conviene valorar lo que significó la constitucionalización de la libertad de enseñanza en los procesos de modernización que ha venido afrontando la sociedad española de las últimas décadas. Además de valorarla, conviene recordarla, reforzarla y conocer con detalle las consecuencias de su ausencia.

Si hoy muchos líderes sindicales y políticos pueden defender con pasión cualquier modelo de política educativa no se lo debemos a los grupos o partidos políticos que en el proceso constituyente quisieron implantar el modelo de escuela “única, pública y laica”. Se lo debemos a tradiciones políticas que hacen memoria de textos básicos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o el pacto por los Derechos Sociales y Económicos (1966) que garantizan el derecho de los padres a escuelas distintas a las creadas por las autoridades administrativas.

El conjunto de la comunidad educativa debería reclamar a los líderes sindicales y políticos mayores dosis de memoria y responsabilidad. Si queremos reducir las desigualdades, promover la cohesión social y trabajar por la justicia social necesitamos un sistema educativo que garantice la libertad de enseñanza de los padres. En la era digital, los agentes sociales están llamados a desempeñar una función crítica, reflexiva y responsable. Esto sólo es posible en sociedades abiertas que tienen constitucionalizada la libertad de elección en el ámbito educativo, en sociedades capaces de promover un pluralismo inclusivo, en definitiva, en sociedades dinámicas e innovadoras con capacidad para favorecer tanto la solidaridad como la responsabilidad.