La tarjeta de ciudadanía salvaría a los manteros de un limbo legal

Toda persona tiene derecho a emigrar y sobrevivir. Seguramente que la mayoría de nosotros no tendríamos muchos reparos en este principio pero ¿cómo se cumple en el caso de los manteros?

Los inmigrantes o refugiados no vienen por turismo, sino por huir del hambre y/o de la guerra. Vienen jugándose la vida por miles de km de desiertos o por mares (y a la vez cementerios) en pateras mecidas por olas gigantescas… Su anhelo: trabajar para subsistir.

Éste es un derecho que no se lo concede el Estado ni la ONU, sino que viene unido a ser persona. Pero, llegados a España, se encuentran metidos en el siguiente círculo vicioso del imperio de la ley: “no puedes conseguir trabajo porque no tienes papeles” y “no puedes conseguir los papeles porque no tienes trabajo”.

Este es el limbo de personas condenadas a ser invisibles durante tres años y poder pasar hasta 2 años en la cárcel. ¿Cómo combinar esta situación con el artículo 23 DDHH: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo?

Testimonio de Ahma (bangladesí): “yo soy latero, vendo latas de refresco. Salgo de casa con miedo. Sin papeles me han llevado a la comisaría. A otros los han llevado al CÍES y deportado a su país”. Testimonio de Pierre Marqués (senegalés): “yo tengo papeles, pero no trabajo. Vendo bolsos en la plaza. Me coge la policía, me requisa la mercancía y me pone una multa de 1.200 €”.

Los manteros representan uno de los escalones más bajos de la falta de derechos humanos: ni siquiera se les permite que les exploten en un trabajo. Es fácil incluirlos en la calificación del papa Francisco “Los “excluidos” no son “explotados”, sino desechos, “sobrantes”, productos de la “falaz teoría del descarte”  (EG, 53-54)

VARIACIONES LEGALES EN TORNO A LOS MANTEROS

En 2010 se rebajó en el Código Penal la calificación jurídica de los manteros, de “delito” a “falta”. Pero en 2015 se volvió a incluir como delito con las consecuencias de confiscación de mercancía, multa y penas de cárcel.

Por entonces, el Ayuntamiento de Madrid, fue acusado de permisividad  con los manteros y la Policía Municipal del distrito Centro proclamó el plan integral de la Policía Municipal. Recuerda que la mercancía que «venden los manteros vulnera la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial y hacen la competencia a los comerciantes de Centro ya que no contribuyen fiscalmente con la venta de estos productos».

A la semana siguiente, el Ayuntamiento de Madrid anuncia su «aplazamiento» y estudia conceder a los manteros carné de ciudadanía y alternativas sociolaborales. El objetivo, según el equipo de la Sra. Carmena, es acabar con la venta ilegal en las aceras de la capital, pero ahora con medidas sociales encaminadas a propiciar alternativas de sostenibilidad vital. «Las medidas policiales no son la forma correcta de encarar este tema»

¿EN QUÉ CONSISTE LA TARJETA DE CIUDADANÍA?

El mantero alcanzaría entre otras cosas:

  • el reconocimiento de estar integrado en la sociedad (el empadronamiento sólo le reconoce que vive en un barrio),
  • el derecho a no requisarle el pasaporte y por ello no ser expulsado si es detenido,
  • a poder apuntarse a la oficina de empleo y conseguir la antigüedad para la lista de posibles trabajos,
  • a acceder a la formación laboral oficial.

Yo creo que esta medida habría que complementarla con la mentalización social para desenmascarar los bulos populares; por ejemplo: que los manteros son explotados por las mafias; que no quieren trabajar; que perjudican a los pequeños comerciantes; que son violentos con la policía….

Esto no son más que leyendas urbanas. Puede que se den casos en contra, pero la Red Lavapiés ha comprobado que los manteros se compran sus productos y, cuando la policía se los requisa, los demás hacen una aportación para ayudarle a comprar más mercancía, como en una familia. Y además, si compran su mercancía, contribuyen fiscalmente.

Con la tarjeta de ciudadanía los manteros serían sujetos de derechos, y no objetos de servicios sociales. Y el imperio de la ley debe contemplar la posibilidad de un trabajo para sobrevivir, especialmente los más vulnerables.  Sin esto, aunque la ley sea la ley, no es sólo la ley sino también un instrumento de injusticia que sirve para criminalizar la pobreza y para estigmatizar la inmigración

¡Cuidado! porque la historia está plagada de leyes injustas y de funcionarios dispuestos a hacerlas cumplir hasta sus últimas consecuencias.

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