Las decisiones más recientes del Tribunal Supremo (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela constituyen un golpe de Estado, con el que se eliminan las últimas apariencias de democracia allí, que eran las electorales.

Un argumento recurrente a lo largo de estos años es que, si bien el chavismo no respetaba el Estado de derecho (la legitimidad de ejercicio), al menos sí ganaba las elecciones, con gran ventajismo en el uso de los recursos del Estado en las campañas, pero finalmente obteniendo más votos (y tenía por tanto legitimidad de origen). Las ganaba, hasta que empezó a perderlas. Así ocurrió con las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015 (chavismo 40%, oposición 60%).

A partir de ese momento, empleando la absoluta ocupación del TSJ y del CNE, el chavismo ha procedido según dos líneas:

  1. Vaciar de competencias y recursos a la Asamblea, desconociéndola en cada una de sus funciones constitucionales, hasta llegar ayer a sustituirla completamente por el TSJ.
  2. Negar los derechos electorales declarados en la Constitución, prohibiendo la celebración de un referéndum revocatorio del Presidente, para el cual había firmas de sobra, y “aplazando” sine die las elecciones regionales y municipales que debían haberse celebrado en diciembre de 2016.

El resultado es la dictadura. Diga lo que diga la Constitución, no puede haber elecciones porque el chavismo las perdería, según las encuestas, con una proporción entre 30-70 y 20-80. Y la Asamblea no puede dejarse actuar porque el Gobierno está en minoría en ella, y eso le obligaría a negociar con la oposición. Rajoy gobierna en minoría; Obama gobernó en minoría; Maduro no sabe gobernar en minoría.

La Organización de Estados Americanos (OEA) está discutiendo cómo forzar las elecciones ‘que se deben’ en Venezuela, y si no lo consigue, acabará expulsando a Venezuela, que junto con Cuba será el único país sin los mínimos de la “Carta Democrática” de la OEA.

Estos acontecimientos políticos están ocurriendo a la vez que el país sufre una severa crisis de hiperinflación y desabastecimiento, sobre todo de medicamentos en este momento. La semana pasada estuve en Venezuela, y conversando con unos y con otros, calculé que los salarios reales disminuyeron a 1/4 en 2015, y sobre eso a 1/4 de nuevo en 2016, dividiéndose por un factor de 16 en dos años. Las pensiones han sufrido más todavía, porque suben menos que los salarios. La venta de alimentos subsidiados a los pobres tampoco está funcionando: lo que debería ser una caja semanal por familia, se reduce en este momento a la misma caja cada cinco o seis semanas, y eso en Caracas, que tiene absoluta prioridad para el Gobierno, por razones políticas.

Hay muchos otros problemas, pero no es cosa de enunciarlos todos aquí, aunque algunos como la inseguridad en las ciudades (28 mil asesinatos en 2016) constituyen preocupaciones prioritarias para los ciudadanos. En general, reflejan los resultados de una pésima gestión de gobierno; permiten explicar las negras perspectivas electorales del chavismo, y la consecuente desactivación de los derechos electorales consagrados en la Constitución, tanto en sus resultados del pasado (la Asamblea Nacional) como en sus posibilidades inmediatas (el revocatorio y las elecciones regionales y locales).

Esto constituye un gran error. Precisamente los mecanismos electorales permiten reemplazar gobiernos de forma tranquila, permitiendo buscar salidas a las crisis de las sociedades. Cegar esos mecanismos, además de un golpe de Estado en toda regla, supone quitar a la sociedad los caminos civilizados para intentar nuevas formas de gestión pública que superen los fracasos.

La destrucción de la democracia en Venezuela es difícil de entender. Deja a los venezolanos sin más esperanza que alguna forma de explosión, imprevisible, posiblemente violenta y/o caótica. La inflación esperada para este año es de alrededor del 1800%, y resulta claro que el ingreso real de los asalariados y pensionistas no puede reducirse por cuatro otra vez. Muchos morirían directamente de hambre. Cualquier cosa puede temerse con ese panorama.

No es necesario y no tiene sentido. En América Latina encontramos suficientes ejemplos de cómo se puede pactar una transición de poder en que ambos lados sigan políticamente vivos, cambiando dictaduras y guerrillas por sistemas electorales en que, de hecho, un partido sustituye a otro, y más tarde es sustituido por ese otro, todo ello de manera civilizada y pacífica. Y los ha habido en países con mucha mayor violencia política que Venezuela. Así ocurrió entre Arena y el FMLN en El Salvador (cuyo presidente hoy es del FMLN), entre Violeta Chamorro y Daniel Ortega en Nicaragua (donde Ortega ha vuelto al poder al cabo de los años), en el Chile de Pinochet (donde gobierna hoy la Concertación pero antes fue presidente Piñera, líder de un partido de centro-derecha que incluye a antiguos partidarios de Pinochet); y se está intentando en la Colombia de Santos, con la disolución de los paramilitares y la pacificación-incorporación política de la FARC.

En cada caso, la negociación incluye garantías suficientes de que quien cede el poder o abandona las armas, no será barrido del mapa, sino que tendrá su espacio electoral, y lo volverá a tener en las elecciones sucesivas. España es otro ejemplo claro de lo mismo, que por cierto ha servido de inspiración a algunos procesos en América Latina. Garantías así, que incluyen una amnistía del pasado y presencia suficiente en las Fuerzas Armadas para evitar cualquier represión política, son perfectamente posibles en Venezuela.

La posición de Maduro resulta muy difícil de entender: establecer la dictadura sobre un Estado fracasado, con una población al límite. A finales de 2016, el Vaticano intentó una mediación a través de uno de sus diplomáticos más experimentados, Claudio María Celli. La mediación se suspendió en enero de 2017, por los repetidos incumplimientos del Gobierno sobre lo avanzado. Como indicó el mismo Celli, negociación habrá en Venezuela; todo es si antes o después de un baño de sangre.

La Iglesia quiere ya negociación efectiva para una transición electoral, rápida y pacífica, que normalice la situación económica y la política. Los venezolanos también lo queremos; llevamos tiempo queriéndolo.


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