El primer día de este mes y recién incorporada a las labores que en la Fundación Ellacuria llevamos a cabo, me sorprendía con la siguiente noticia, y muestro literalmente el título adjudicado por el columnista: “El Gobierno reforma “manu militari” el Islam en España”. Resulta que el Gobierno español en aras a controlar a la comunidad musulmana residente en el Estado (1,8 millones de personas), y a causa de la actual deficiente interlocución con estas, ha creado un Real Decreto para, según éste, mejorar esta interlocución y tratar de analizar la situación y llevar a cabo iniciativas que impidan la radicalización, en especial, de los más jóvenes.

Sin entrar a valorar los objetivos de la nueva propuesta, sí considero necesario darle alguna vuelta a los modos, por eso de que: ¿el fin justifica los medios? Y es que el nuevo Real Decreto elaborado por el Ministerio de Justicia va a obligar a reformular los estatutos de la Comisión Islámica de España (CIE), creando la figura de Presidente de esta entidad y eliminará los dos cargos secretarios generales existentes en la actualidad. Todo ello, para conseguir una única persona o figura que represente a toda la comunidad musulmana residente en España. Y es curioso, porque si algo caracteriza a los y las musulmanas, al menos en base a mi humilde conocimiento y que he podido corroborar en la tesis doctoral, es que se trata de comunidades en las que impera la diversidad. Y es por ello, que uno de los temores que me impregna ante esta noticia es el de que las relaciones, no muy amables en la actualidad, entre algunas de las federaciones y comisiones dentro del mundo del Islam, empeoren y se distancien aún más. Como se recoge en el preámbulo del Real Decreto; “Esta estructura bicéfala unida a la falta de entendimiento entre ambas federaciones (UCIDE y FEERI) ha impedido a la Comisión Islámica de España situarse como órgano representativo del Islam e interlocutor eficaz ante el Estado para el seguimiento del Acuerdo de 1992″. Desde mi, una vez más, humilde opinión, si hasta el momento no se ha conseguido entendimiento alguno, raramente se conseguirá con esta medida, que quizás no hará más que agravar las diferencias y rivalidades existentes. Algunas de las declaraciones de los distintos representantes ya dan luces al respecto…

Por otro lado, se abre el debate en relación a la intervención del Estado, recordemos aconfesional y basado en el principio de laicidad, que irrumpe con voz de mando en la organización de estas comunidades religiosas. Algo, que no cabría ni pensar en el caso de la Iglesia Católica, ¿el Estado sería capaz de establecer cómo debiera elegir a sus representantes?…Dejo este debate abierto, para que entre tod@s podamos reflexionar sobre ello…