¿Iguales ante la justicia?

El Tribunal Supremo ha absuelto a la murciana Cassandra Vera del delito de «humillación a las víctimas del terrorismo» a la que la condenó hace un año la Audiencia Nacional. Ya entonces manifesté en este blog mi oposición a la condena, por lo que me alegro de la noticia. Al mismo tiempo, hemos conocido que, un año después de condenar a Cassandra Vera, la Audiencia Nacional ha tomado una decisión diametralmente opuesta ante un caso similar, el del tuitero Luis S.S. (@Mary_says), argumentando que sus tuits ―supuestos chistes a cuenta de horribles actos terroristas como el secuestro de Ortega Lara o el asesinato de Miguel Ángel Blanco― no pretendían humillar a las víctimas. Por moralmente condenables que nos parezcan los tuits de esta persona, la absolución es una buena noticia. Por cierto, no estaría de más que lo ocurrido hiciera reflexionar sobre el papel de este tribunal especial, la Audiencia Nacional, que, si alguno debe tener, no es desde luego perseguir tuiteros con un sentido del humor cuestionable.

Pero estas noticias han coincidido en el tiempo con una nueva condena de la Audiencia Nacional a un tuitero. El condenado en este caso es el rapero Pablo Hasel, y sus delitos: injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y enaltecimiento del terrorismo. Acabamos de conocer también la decisión del Tribunal Supremo de condenar al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones. Todo ello ha provocado que se repitan las acusaciones de falta de libertad de expresión en España.

Por una justicia equilibrada

Conviene señalar, no obstante, que son casos diferentes. Cassandra Vera fue condenada por «humillar a las víctimas», un ambiguo y muy cuestionable tipo penal (artículo 578) sobre el que ya opiné hace un año. Pablo Hasel o Valtonyc han sido condenados por otros delitos. Alguno de ellos igualmente muy cuestionable: en particular el de «injurias graves a la Corona», pues no se entiende porqué el Rey ha de gozar de una especial protección frente a insultos y vejaciones. Pero otros delitos son importantes para proteger a los ciudadanos y a la democracia: delitos como «enaltecimiento del terrorismo» (incluido en el mismo artículo 578) o «amenazas». Asunto diferente es cómo se aplican esos tipos penales, y mi opinión es que no debería hacerse de manera expansiva, sino, al contrario, teniendo siempre en cuenta las circunstancias en las que se producen los hechos, de forma que se salvaguarde la libertad de expresión, aplicando la ley de forma garantista.

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El carácter amenazante o exaltador de lo que se dice varía según el contexto en el que se dice. En el caso de Valtonyc, ha de tenerse en cuenta que una canción de rap no es un artículo de prensa o un mitin político. No me malinterpreten, eso no justifica ni exonera de responsabilidad a un rapero, pero una condena de tres años de cárcel no guarda relación de proporcionalidad con la intención real y daño ocasionado por sus mensajes.

En el caso de Pablo Hasel, echen un vistazo a los 64 tweets por los que se le ha condenado. Entre un montón de típicas ideas radicales y antisistema ―y algunas verdades rotundas―, encontrarán un puñado de tuits en los que cabe interpretar que existe ánimo de exaltación del terrorismo o amenazas: «Sí nos representan» acompañado de una foto de un preso de los GRAPO; «Luego pretenden que les lloremos cuando les pasa algo a esos monstruos llamados policías»…, no hay mucho más. ¿Merece una condena de dos años y un día de cárcel?

Por una justicia que no haga distinciones

Hay que perseguir el odio y las amenazas en Twitter, pero ha de hacerse con inteligencia y proporcionalidad. Y en todo caso, habrá de perseguirse siempre, cualquiera que sea su origen. El problema es que la justicia parece tener varas de medir sensiblemente diferentes según de dónde provengan determinados comportamientos. Veamos dos ejemplos:

  • Puigdemont recibe numerosas amenazas en redes sociales. Según sus asesores son unas 40 al día de promedio si sumamos insultos y amenazas: «te queda poco tiempo, hijo de puta», «si vienes a España te mato, tonto» o «quien no se sienta español, que se muera», etc. No se conoce actuación policial o judicial alguna ante estos hechos.
  • Otro caso: Iñaki Ellakuria, un joven bilbaíno que resultó herido en el atentado terrorista de diciembre de hace dos años en Berlín. Cuando se conoció que era de la izquierda abertzale, le dedicaron lindezas de este calibre en las redes sociales: «Qué pena que no te remataron, subnormal, jódete, la próxima si hay suerte llévate a tu familia», «Viva la lucha armada. Espero ke que te kedes sin piernas cabrón», etc. Por cierto, aquí sí que, a diferencia de los chistes sobre Carrero Blanco, hay un deseo directo de menospreciar y causar dolor a la víctima, a quien se dirigen los mensajes. La policía no consideró que hubiera delito y la fiscalía no dijo nada ―la misma que pidió dos años y medio de cárcel para Cassandra Vera―.
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No parece descabellado concluir que las diferentes instancias de la justicia discriminan según la ideología de quien realiza actos equiparables, y ese contraste es devastador para la credibilidad del estado de derecho: la justicia, si no es ciega, no es justa.

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