Grecia como síntoma

Grecia se adhirió a la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, hace treinta y cinco años, cinco años antes que España, y se integró en la zona euro dos años más tarde. Con el ingreso de Grecia como décimo país de las instituciones europeas se daba entrada en el club de los ricos a un país pobre. Grecia no sólo tenía una renta per cápita inferior a la de los otros nueve países, sino que era un país política e institucionalmente poco vertebrado. No puede olvidarse que tras desvincularse del imperio otomano, lo que de algún modo culmina en 1913 con la incoporación de Salónica (segunda ciudad más importante de Grecia), pasa a estar dominada de hecho por potencias extranjeras occidentales. Tras la Segunda Guerra Mundial se desata lo que ya venía siendo una guerra civil larvada. Este episodio se cierra con la creación de un gobierno militar apoyado por los ingleses, la entrada en la OTAN y la ayuda americana derivada del Plan Marshall.

Esto supone una etapa de crecimiento económico, aunque muy dependiente del exterior tanto en capital como en tecnología. Pero ni siquiera ese crecimiento garantiza la estabilidad del país y se produce un nuevo golpe militar (el denominado de los coronoles). Este finaliza con el destierro definitivo de la monarquía y la instauración de un cierto equilibrio político apoyado, fundamentalmente, en el bipartidismo del Pasok, socialistas, y Nueva Democracia, conservadores. En cualquier caso, la economía griega sigue presentando déficits con el exterior permanentes que se salvan con la ayuda externa y sucesivas devaluaciones.

La entrada de Grecia en la Comunidad Económica Europea acentúa las ayudas comunitarias pero, lejos de resolver los problemas estructurales de la economía griega, los agrava si cabe aún más. No obstante, en 1986, cuando España y Portugal se integran en las instituciones europeas, Grecia mantiene una renta nacional per cápita por encima de la de ambos países. El ingreso de los países “periféricos” responde a razones estratégicas y a la confianza en que la propia integración favorecerá una convergencia de sus economías con las economías centrales. Si en caso de España y Portugal no es del todo cierto que se haya dado una convergencia, menos aún lo es en el caso de Grecia. Las debilidades estructurales de Grecia son de tal magnitud que las ayudas europeas permiten ciertas mejoras, sobre todo en infraestructuras, pero aumentan los desequilibrios.

Cuando se produce la nueva ampliación en 1995, los países que entran vuelven a ser economías fuertes (Austria, Finlandia y Suecia), de modo que Grecia, España y Portugal siguen siendo los pobres (“menos ricos”) en el club de los ricos. Aunque España y Portugal si logran cierta convergencia con la media europea, no deja de ser un camino lleno de obstáculos con tendencia al endeudamiento y repetidas devaluaciones de las monedas nacionales. No obstante, tras los ajustes, España y Portugal logran incorporarse desde el primer momento al área del euro de once países, mientras que Grecia tiene que esperar dos años más y lo hace de una manera un tanto forzada.

La acogida de Grecia, España y Portugal responde en cualquier caso a intereses mutuos de esos países y de las economías fuertes que lideran la Europa del euro. Los requisitos de entrada son de carácter fundamentalmente monetario. No se tienen en cuenta las características de la economía productiva de los respectivos países. Se deja de lado que Grecia, España y Portugal tienen una productividad y unos salarios medios muy por debajo de la media europea, un déficit exterior casi permanente y unas fluctuaciones cíclicas mucho más acusadas que los demás países. Esto implica una tendencia al endeudamiento externo, a tasas de paro más altas y a una mayor desigualdad, fenómenos que se agudizan bruscamente ante cualquier recesión.

La Unión Europea es un conjunto muy heterogéneo, más aún tras la integración entre 2004 y 2013 de trece nuevos países del este europeo. Grecia resulta un país esencial, aunque se alegue que representa una pequeña parte de la Unión Europea y la zona euro. Lo es por su papel estratégico en la seguridad, participando tanto de lo que representa la emigración y la amenaza yihadista en la frontera sur y este, como de las conflictivas relaciones con Rusia y el área euroasiática. Y lo es también por ser un síntoma de las contradicciones que genera la citada heterogeneidad. Frente a la esperada convergencia persiste una clara asimetría entre los países con economías menos competitivas, normalmente deficitarias frente al exterior, y los que mantienen capacidad de financiación por tener balanzas por cuenta corriente y de capital positivas.

La Unión Europea está perdiendo posiciones en el ámbito mundial tanto por su débil unión política como por su menor capacidad competitiva frente a áreas emergentes. Pero lejos de avanzar con soltura ante esos retos se ve lastrada por movimientos nacionalistas de carácter secionista, y por un dilema económico casi irresoluble dentro de la zona euro. Los países menos competitivos necesitan ajustar su gasto público y sus costes de producción para hacer frente a su elevada deuda pública y su déficit exterior. Sin embargo, esto agrava las desigualdades internas de esos paises, ya de por sí más elevadas que la media europea, porque los ajustes implican un freno a las políticas redistributivas y un descenso de los salarios.

Frente a este dilema unos reclaman menores ajustes, que posibiliten más redistribución y condiciones de trabajo más dignas. Pero eso resulta imposible sin introducir más competencia que mejore la capacidad de innovación propia, y con ello mayor productividad y cuentas con el exterior más saneadas. El problema de la Unión Europea no es tanto que mantenga una disciplina para evitar déficits y deudas inasumibles, sino que es incapaz de introducir mayor competencia en su conjunto y en especial en los países menos competitivos. Las elevadas desigualdades y los intereses corporativos impiden medidas de saneamiento, porque es imposible sacar de los que cada vez tienen menos y porque existen fuertes resistencias a cambios que impliquen mayor competencia y puedan eliminar ventajas injustificadas, que con frecuencia son privilegios de carácter oligolopolista cuando no directamente corruptelas.

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