Gobierno abierto y medios de comunicación

Voy a formular en este post una reflexión general a modo de hipótesis sobre la relación entre los portales digitales de gobierno abierto y los medios de comunicación tradicionales, sobre la que me gustaría volver en el futuro con más datos. En mi opinión esta relación es un buen ejemplo de las paradojas que caracterizan a la sociedad de la información: una sociedad que genera condiciones técnicas sin precedentes para la transparencia, la participación y la democracia, al tiempo que produce también dinámicas que socavan esos mismos principios.

Los portales de participación y open data de las instituciones públicas (Decide Madrid, Irekia, Decidim Barcelona, etc.) son uno de los elementos característicos del paradigma de gobierno abierto. Estos portales ofrecen posibilidades diversas de consulta, participación mediante propuestas de la ciudadanía, o sometimiento a deliberación abierta de iniciativas de los gobiernos. Aunque sus resultados efectivos en términos de políticas públicas no sean hoy significativos, estas webs son consideradas indispensables para cualquier administración moderna que apueste por poner en práctica los principios de gobierno abierto.

La relación entre estas herramientas de gobierno abierto y los medios de comunicación social tradicionales resulta ambigua. Por un lado, las retóricas que rodean a los portales de gobierno abierto suelen destacar las posibilidades que ofrecen estas herramientas para soslayar la intermediación de agentes como los medios de comunicación. Según estos discursos, los portales de gobierno abierto permiten a la ciudadanía informarse e interactuar directamente con las instituciones, sin la mediación de unos medios de comunicación en ocasiones manipuladores y con intereses específicos. Gracias a los portales de gobierno abierto, las instituciones llegan directamente al ciudadano, y, viceversa, el ciudadano se comunica directamente con los gobiernos.

Esos discursos han chocado, sin embargo, con la realidad del escaso interés de la ciudadanía por invertir tiempo y esfuerzo en procesos deliberativos —algo que no solo afecta, ni siquiera especialmente, a los procesos virtuales—. Usted, querido lector o lectora, por muy ecologista que se sienta, no tiene la menor intención de enfrascarse a analizar los paquetes de datos que el departamento de medio ambiente de su gobierno ha publicado en su web o la última reforma de la normativa local de emisión de ruidos. Sencillamente, para usted es un esfuerzo demasiado costoso en su lista de tareas que incluye trabajar durante ocho horas, recoger a sus hijos del colegio, visitar a su madre, calzar de una vez por todas el armario que balancea, y ver alguna serie conocida para poder tener conversación con sus primos el domingo. El éxito de la democracia representativa —aunque haya mucho que mejorar fortaleciendo la participación— no era de chiripa.

A la vista de estas limitaciones que muestra la ciudadanía de a pie, disponer de medios de comunicación tradicionales sólidos es la única manera de que una sociedad pueda sostener un ejercicio constante de rendición de cuentas por parte de sus instituciones. Al mismo tiempo, los medios tradicionales son los que pueden multiplicar el impacto de los procesos participativos que las instituciones promuevan, o reutilizar la información publicada por las administraciones mediante nuevos modelos de periodismo —como el «periodismo de datos»— que aprovechen las posibilidades que ofrece la disponibilidad de información de libre acceso. Resulta que los medios digitales que estaban llamados a arrinconar a los medios de comunicación tradicionales facilitan unos ejercicios de transparencia y rendición de cuentas por parte de las administraciones que solo son posibles con la intervención de medios de comunicación tradicionales.

Pero ahora viene la gran paradoja: esos medios digitales han creado al mismo tiempo unas condiciones en el mercado de la información —abundancia de información gratuita que se distribuye sin barreras en las redes sociales—, que ponen en peligro la supervivencia de los medios de comunicación tradicionales, o, al menos, del medio que ha sido buque insignia en el periodismo que ha ejercido el control de los gobiernos: la prensa. En España se han cerrado una treintena de cabeceras de prensa desde 2010. Precisamente en el momento en el que el periodismo —el buen periodismo— podría cumplir una función social de enorme importancia en el contexto del nuevo paradigma de gobierno abierto, la debilidad económica e institucional de esa profesión condiciona por completo su capacidad de ejercerla. Y no tengo motivos para pensar que eso vaya a cambiar.

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