Ingeniería de procesos para la evasión moral

 


En la era de la globalización, uno de los retos principales de las empresas es (re)diseñar procesos productivos para impactar en la cuenta de resultados maximizando beneficios. Sin duda, una de las maneras es mediante el ajuste de costes directos. Pero otra fórmula cada vez más atractiva, es escapando de la responsabilidad, en un alarde de evasión legal y moral.

La delgada línea roja que separa la maximización del beneficio de la ética no siempre resulta fácilmente identificable. Muchas empresas se mueven en la zona gris para obtener jugosos resultados económicos con prácticas moralmente cuestionables.

Nos cansaríamos de recoger en este post situaciones de la vida cotidiana que nos invaden constantemente. Aun así, nos animamos a señalar algunos que se repiten en las últimas décadas:

  • Instalar fábricas donde la normativa medioambiental es más laxa
  • Introducir en Europa mercancías a través de los puertos con menores tasas (Amsterdam entre ellos)
  • Producir en alta mar, esquivando la legislación de los países (dado que el derecho marítimo no legisla el trabajo en aguas internacionales del mismo modo que en tierra firme)
  • Etcétera.

Moverse al borde del “precipicio moral” es más sencillo cuando la empresa hace menos visible su proximidad a la zona gris. ¿Cómo es eso posible cuando el escrutinio sobre el comportamiento de las empresas es mayor, gracias a las redes sociales? No es fácil, por supuesto. Las empresas son conscientes de los efectos perversos de un paso en falso. Los departamentos de compliance, que salvaguardan la reputación corporativa, han visto aumentar su poder en los organigramas corporativos.

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Dado que la empresa es responsable de todos sus actos, buenos y malos, pero busca ser identificada por los primeros, los compliance officers trabajan por minimizar las malas prácticas. O, por lo menos, aquellas que puedan ser denunciables legal y moralmente, en este mismo orden de importancia.

Claro que lo legal se circunscribe al ámbito de aplicación legislativo, que raramente traspasa las fronteras nacionales. Eso hace que un comportamiento penalizado por ley en un país pueda no estar regulado e incluso sea permitido en otro.

La globalización nos lleva a mercados de consumo globales. Los consumidores están en cualquier parte del mundo, pero sus decisiones de consumo aplican, legalmente, al mercado donde consumen. Esto sucede al mismo tiempo que los productores son regulados en los mercados donde producen. ¡Deslocalización regulatoria!

A día de hoy, la mano de obra infantil todavía no se sanciona en países como Somalia o Eritrea, por ejemplo. Sin embargo, podemos consumir las prendas cosidas por estos niños en España o Estados Unidos, sin que estemos haciendo nada ilegal. Aunque en nuestros países no esté permitido trabajar a quienes tienen menos de 16 años.

Esta disparidad de interpretaciones es un caldo de cultivo muy goloso para quienes gustan del arbitraje. De quienes buscan ventajas competitivas operando en mercados distintos.

Por eso supone un importante aliciente emplearse a fondo, como hacen hoy día las empresas. Dibujan el diseño del mapa operativo y organizativo tenido delante todo el mapamundi. Gracias a las distancias físicas y regulatorias, se rediseñan los procesos productivos para que la responsabilidad sobre los mismos resulte difícilmente rastreable.

Suelen salir mal parados quienes viven en los países más pobres (como señala mi compañero Juan Fernández de la Cueva). Pasa incluso dentro de sistemas legales maduros y de histórico recorrido democrático, también se desarrolla ingeniería de procesos para torear la ley.

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Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta ENRON, esta práctica fue muy común en el ámbito financiero. Las empresas diseñaban toda una infraestructura fiscal para reducir a la mínima expresión el pago de impuestos. No solo hablamos de cuán legal sea abrir empresas en países denominados “paraísos fiscales”, siendo 100% transparentes, como hacen las grandes compañías tecnológicas. Sí: esas que por estar sitas en Irlanda pagan un 2% de impuestos, en lugar del 30% que les corresponde.

Ahora, además, se exploran oportunidades de evasión más allá del ámbito fiscal o el financiero. La ingeniería de procesos la sufrimos en primera persona cuando, por ejemplo, reclamamos en servicios de atención al cliente. Siempre nos derivan de un departamento a otro hasta colmar nuestra paciencia y conseguir que colguemos la llamada.

También vivimos estas exasperantes sensaciones cuando deseamos darnos de baja como usuario de un servicio online. O si deseas que te informen detalladamente de las cláusulas de tu seguro de hogar, incapaz de interpretar la nomenclatura utilizada en la póliza. O que te devuelvan lo cobrado de más en una factura de luz o de teléfono. ¡Tremendo!

Todos estos son ejemplos de procesos diseñados para agotar al consumidor. Todo, eso sí, absolutamente legal. Todo avalado por legislación y reforzado por normativa interna en corporaciones legales. Esas que, sin embargo, aspiran así a huir de su responsabilidad. Y eso, sin que nadie más allá de las asociaciones de consumidores y usuarios, se haga eco o se despeine. Los procesos son demasiado complejos para entenderlos. Son, simple y llanamente, una auténtica evasión moral.

 

Imagen: Grupo Sie

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