España sin pobreza severa, ¿lograremos un acuerdo?

Año tras año, hemos visto crecer el número de hogares sin ingresos. La política social más directamente encaminada a la asistencia de las personas en pobreza severa es la de rentas mínimas; una prestación económica destinada a los hogares que no perciben ningún ingreso, ni por salarios, y que han agotado todas las prestaciones vinculadas al desempleo, a quienes ya no queda nada, salvo esta última red de seguridad, que en España es fragmentada y frágil.

Cada comunidad autónoma ha tejido esta red de forma distinta, y hay enormes diferencias entre unas y otras, como ocurre en tantos ámbitos en España. Muchas de las comunidades autónomas tienen una política de renta mínima que no cumple la función para la que se supone está diseñada: garantizar el derecho a una subsistencia digna. La excepción más destacada es País Vasco que, en las últimas décadas, ha desarrollado  la política de garantía de ingresos más potente de España. En el otro extremo se encuentran muchas comunidades autónomas, que dan cuantías tan bajas que no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas, o un tiempo de solicitud tan largo, que cuando la renta mínima llega, la situación económica del hogar que ya era grave ha empeorado, si cabe, aún más. Los trámites necesarios para obtener una renta mínima son largos, complicados y desgastantes… Una red con agujeros demasiado grandes para dar seguridad a quienes la necesitan.

Sin embargo, algo está cambiando en los discursos de los principales actores políticos, quizás como eco de lo que está pasando en la sociedad, de una mayor consciencia de la gravedad de la fractura social, y de la debilidad de nuestros mecanismos de inclusión. Nunca antes se habían presentado tantas iniciativas en este tema como en los últimos meses: CCOO y UGT, PSOE, Podemos, Ciudadanos, han hecho propuestas para mejorar el sistema de rentas mínimas. Aunque las propuestas difieren en muchos aspectos, parten de un diagnóstico común y acertado: el sistema actual es insuficiente para responder a las graves necesidades sociales.

Hemos dado un gran paso. El tema está en agenda y hay posibilidades que toda la arquitectura de este sistema disfuncional cambie. Ojalá no se convierta en una competencia de propuestas que finalmente no llega a nada, por esta porfiada incapacidad de llegar a un acuerdo, que ha boicoteado más de una vez un buen proyecto.

Soy bastante optimista, pero el fantasma del pacto por la educación tiene una sombra muy larga que no debemos olvidar: aunque la necesidad de un acuerdo haya sido evidente, urgente, deseada y respaldada por la sociedad, no fue suficiente.

Los acuerdos deben cumplir dos objetivos: unir a las partes que negocian en torno a intereses comunes, minimizando el impacto de las diferencias, y asegurar la estabilidad. Espero que quienes lleven adelante estas propuestas sean capaces de ambas cosas, y que no acabemos como los habitantes de los pequeños planetas de “El Principito”: cada cual reinando en su pequeño mundo, incapaces de habitar una morada común en la que todos/as tengamos un lugar. ¿Qué podremos conseguir con un acuerdo? Ni más ni menos que una España sin pobreza severa, ¿lo lograremos?

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