Escándalo es la primera palabra que me viene a la cabeza cuando leo que el Gobierno irlandés ha decidido en reunión de su Consejo de Ministros recurrir la decisión de la Comisión Europea de multar a la multinacional estadounidense Apple con 13.000 millones de Euros más sus correspondientes intereses por haber disfrutado de ventajas fiscales incompatibles con el mercado único.

Para que el lector pueda hacerse una idea de lo que representa esa cantidad, es tanto como el 15% del total del rescate que recibió Irlanda en 2010 o como el 65% del gasto social recortado por parte del gobierno irlandés a consecuencia de sus políticas de ajuste entre 2009 y 2014. “El paisaje” termina de aclararse cuando, según la comisaria de la competencia Margharite Vestager, los impuestos que pagó Apple en 2014 supusieron tan sólo un 0,005% de sus beneficios.

Lo crucial de este episodio no es sólo si Apple acabará pagando o no, sino la lucha de poder que se libra entre la Comisión Europea (personalizada en la Comisaria de Competencia) por un lado y el Gobierno de la República de Irlanda y la compañía Apple por otro. Es significativo que en este círculo vicioso Los ciudadanos y sus derechos hayan quedado totalmente apartados del debate por más que los 13.000 millones y sus intereses pudieran servir para aplicar políticas que restituyeran sus derechos vulnerados durante todos estos años.

Digno de observacion resulta también el panorama de alianzas que se ha generado para proteger los intereses del gran capital . Así, partidos otrora adversarios como el conservador, el de centro y el socialdemócrata  lograron ponerse de acuerdo para la presentación del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Apple, por su parte, recibió el el apoyo de Business Roundtable, una poderosa plataforma empresarial estadounidense que ha remitido a la Comisaria europea de la Competencia, a los Jefes de Estado y de Gobierno de los estados miembros, al Presidente del Consejo, al de la Comision y a tres secretarios estadounidenses, una carta firmada por 185 CEO´s (Chief Executive Officers) de otras tantas compañías protestando contra la sanción y reclamando seguridad jurídica. La ex Comisaria Europea de la competencia durante el periodo 2004-2010 y actual directiva de la multinacional estadounidense Salesforce, Neelie Kroes expresó asimismo públicamente su disconformidad con la medida sancionatoria.

¿Quién defiende los derechos de los irlandeses, verdaderos propietarios de esos 13.000 millones?. Se cuentan con los dedos de una mano las iniciativas tendentes a reivindicar ese dinero para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Quizá una de las más contundentes ha sido la de Peter McVerry, jesuita que lleva trabajando más de 40 años con las personas sin hogar y que declaró que se trataba de un ejemplo más de cómo los políticos se ponían del lado de los grandes negocios mientras que a los ciudadanos solo les quedaba pagar “. También el Sinn Feinn, partido nacionalista de izquierdas , otros partidos minoritarios del arco parlamentario y algunas plataformas digitales han expresado su rechazo. Es un lugar común entre los responsables de estas iniciativas el sentimiento de frustración ante la escasa movilización social.

Si cambiamos la pregunta anterior por ¿Quién defiende a los consumidores europeos y a las empresas radicadas en la Unión para que puedan competir libremente ? La respuesta es otra. En este caso concreto, la Comision Europea y más concretamente, la Comisaria Europea de Competencia. Es por esa vía indirecta y no por otra, es decir, como consumidores y no como ciudadanos por la que los irlandeses paradójicamente, pueden , si su gobierno y el Tribunal de Justicia de la UE no lo impiden  recuperar el dinero que legítimamente les pertenece.

Y es que, no lo olvidemos, La Unión Europea no se creó pensando en ciudadanos sino en consumidores, no en derechos sino en capital.