Que los encarcelados puedan reconstruir una vida digna

Loiolaetxea

En España tenemos una de las tasas de población encarcelada más altas de Europa. Solo comparable con Reino Unido y algunos países mediterráneos que, sin embargo, tienen un índice de comisión de delitos mucho más elevado. La población presa en España es en datos del pasado 2014 de 66.706 personas. De ellas un 7% son mujeres y la franja de edad mayoritaria es la que va de los 31 a los 40 años. Los delitos más repetidos son los de robo con fuerza, daños a las personas por agresiones, delitos contra la salud pública… muchos de ellos en relación con situación de toxicomanía activa, patologías mentales y trastornos de personalidad.

Pero para hablar de privación de libertad de personas jóvenes debemos tomar en cuenta también los datos de internamiento de menores y mayores de edad entre 18 y 21 años. El panorama es muy preocupante si añadimos además las medidas de seguridad en relación con el cruce de salud mental y comisión de delitos de personas de dichos colectivos.

Cuando estas personas, mayoritariamente jóvenes, ingresan por primera vez en prisión, les queda por delante no sólo el cumplimiento de esa primera condena, sino un segundo y tercero más que probable regreso a la cárcel. Es lo que se llama la puerta giratoria. La institucionalización que provoca la prisión, la falta de políticas de acompañamiento comunitario a personas jóvenes en riesgo de exclusión, la falta de adecuadas medidas de acompañamiento sanitario a jóvenes y adultos con patologías mentales y trastornos de personalidad… Las personas y asociaciones que acompañamos esta experiencia de exclusión que sufre la población presa nos damos cuenta de lo que ellos y ellas saben ya: que la peor condena es la de ver cómo el conjunto de la sociedad (y la falta de políticas sociales y sanitarias son expresión de eso) da la espalda a quien un día un juzgado de lo penal condena a pena de cárcel.

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Los establecimientos penitenciarios realizan, de parte de toda la sociedad, el compromiso no solo cívico sino también constitucional de la reeducación y la reinserción social que las medidas privativas de libertad tienen en el ordenamiento jurídico (art. 25.2 de la Constitución española). Este artículo puede verse hoy en día perfilado en metacrilato en la mayoría de los vestíbulos y zonas de atención pública de las cárceles. Pero en datos de la propia Secretaría de Instituciones Penitenciarias, el personal dedicado a vigilancia en las cárceles a 31 de diciembre de 2014 era de 15.422 personas mientras que el dedicado a tratamiento tan solo de 1.358.

Muchas de las posibilidades de que las personas privadas de libertad –encarceladas- puedan rehacer una vida digna está en relación con medidas políticas y sociales que van más allá de las propias cárceles. La reforma del Código Penal promovida y aprobada por el Gobierno el pasado mes de enero va a incidir muy negativamente en este efecto de “puerta giratoria” haciendo que las estancias dentro sean cada vez más largas y más numerosas. La supresión de las faltas administrativas que convierte todo en ilícito penal, la introducción de conceptos como el de derecho de autor o la prisión permanente revisable… hará que toda una generación de gente joven que entra en la cárcel en España entre los 21 y los 25 años permanezca en ella sin posibilidad de una oportunidad de maduración y de cambio.

Como sociedad civil, como comunidades cristianas, como prójimos –estuve en la cárcel y me visitasteis-  tenemos algo que decir, tenemos que asegurarnos que estos temas están en la agenda de los decisores políticos. Pero tenemos algo más que hacer, tenemos que convertirnos. Su causa justa es la nuestra porque es mejor y más fraterna una sociedad que da segundas oportunidades a una que no. Todas y todos tenemos la experiencia de haberlas necesitado y la certeza de volverlas a necesitar en el futuro. Su causa justa es la nuestra. Un sistema penitenciario y una administración de justicia para otra justicia necesaria y no sólo posible. Una justicia que restaure a la víctima pero que también rehabilite al victimario, una justicia que no perpetúe la exclusión sino que posibilite la inclusión. Una justicia y una administración penitenciaria solidaria ¿por qué no? y también con corazón.

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Nota. Esta ventana responde a la intención universal del Apostolado de la Oración correspondiente al mes de febrero de 2015: “Para que los encarcelados, en especial los jóvenes tengan la posibilidad de reconstruir una vida digna”. Ha sido escrita por el equipo de Loiolaetxea, una asociación del sector social de los jesuitas, que trabaja con personas en situación de riesgo o exclusión social, con especial atención a la población penitenciaria de Gipuzkoa. Confiamos ofrecer una serie mensual de ventanas, siguiendo las intenciones universales del Apostolado de la Oración.

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