Elecciones políticas (II): propuestas

En la anterior contribución, señalaba la debilidad de los programas políticos, encubierta por algunos temas que polarizan la opinión pública. Aunque repetidamente aparece que los problemas que más preocupan a los españoles son el desempleo y la corrupción, los partidos políticos se limitan en el mejor de los casos a hacer promesas en torno a esas cuestiones, pero sin ir a sus raíces.

La creación de empleo con unas mínimas garantías de estabilidad y suficiencia para cubrir las necesidades básicas depende, fundamentalmente, de la competencia en los mercados y el buen funcionamiento del sistema educativo. Cuando no hay suficiente competencia se crean menos empresas y las ya existentes se esfuerzan menos por mejorar. Tiende a haber, por tanto, menos demanda de trabajo y de peor calidad. Para conseguir mayor competencia es preciso que los mercados estén regulados de la mejor manera posible. Al igual que ocurre en las competiciones deportivas es esencial que haya unas reglas de juego que se vayan mejorando, unos árbitros que velen porque se cumplan dichas reglas (órganos de defensa de la competencia) y, sobre todo, unos incentivos para entrenarse más y mejor (formación) y para establecer estrategias creativas frente a los rivales y a los espectadores (innovación).

Abordar que haya una mayor competencia implica, pues, remover obstáculos que los que se benefician de la falta de competencia han ido creando: monopolios, oligopolios e intereses corporativos que se van enquistando en todos los niveles de la sociedad, incluidos los locales o de más bajo nivel. Con frecuencia los partidos políticos, secundados incluso por algunas organizaciones patronales y organizaciones sindicales, están más cerca de los que no quieren competencia que de los que se ven perjudicados por esa falta de competencia.

Que haya mayor competencia no depende tanto de que los concurrentes sean empresas privadas o instituciones públicas, como de que las reglas que rigen las distintas actividades productivas sean lo más claras y transparentes posibles. Tan poco eficientes pueden ser unos como otros si no existe un marco regulatorio que estimule y obligue a ambos. Los defensores de lo público a veces encubren intereses corporativos que quieren salvaguardar a toda costa. Por su parte, los partidarios a ultranza de lo privado son, normalmente, aún más radicales y utilizan argumentos falaces para defender sus privilegios. En el caso más extremo propugnan una progresiva desregulación, a sabiendas de que no hay mercados ni competencia sin reglas de juego. Otras veces, confunden a la opinión pública identificando regulación con planificación. Es cierto que cualquier intervencionismo autoritario y burocrático del Estado es contraproducente, pero eso no significa que el Estado no deba favorecer la competencia y velar por su efectivo funcionamiento, en estrecha conexión con la sociedad civil y los protagonistas de los mercados (empresarios, trabajadores y consumidores).

El sistema educativo, y más concretamente la educación primaria y secundaria, determina las competencias básicas de los individuos, que condicionan la capacidad para llegar a ser ciudadanos activos y profesionales competentes. Actualmente, el sistema educativo español adolece de una proliferación de asignaturas y unos métodos que contribuyen a que no se adquiera capacidad crítica, ante la dificultad para relacionar conocimientos tan dispersos y parcelados, y a que haya un elevado nivel de fracaso escolar. La educación superior, a la que se ven abocados la mayoría de los que acaban la educación secundaria ante la falta de alternativas de formación de profesionales fuera de la universidad, prolonga este sistema.

Los programas políticos carecen de propuestas para introducir competencia en los mercados. Tanto de medidas transversales, que afectan a todos los mercados (cambios en las leyes del suelo y urbanísticas, funcionamiento de los mercados en red, reforma de las administraciones públicas, etc.), como sectoriales, que favorezcan la participación responsable de sindicatos y organizaciones empresariales. Para esto último, se requiere una negociación colectiva centrada en las condiciones de trabajo (formación continuada, seguridad e higiene, sistemas de organización del trabajo, etc.), en vez de en el simple reparto del valor añadido a través de fijar el salario-hora. Tampoco aparecen propuestas de fondo para reformar la estructura del sistema educativo y sus métodos y contenidos. ¿Será porque pesan más los votos de los privilegiados que de los débiles, y que cuando parece lo contrario es pura demagogia

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