No hay quien se aclare. Al menos a mí me cuesta. Me refiero a la situación de la educación pública y concertada en mi comunidad, la valenciana. Hay una cantidad de datos que hacen difícil establecerse una opinión fundamentada sobre este tema. Me ha costado escribir sobre este tema porque era “meterme en un charco”, pero no podía dejar de hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta la íntima relación entre la educación y la justicia y la solidaridad, que es de lo que suelo escribir en esta web amiga.

En primer lugar diré que nuestros dos hijos mayores han estudiado en un colegio privado concertado, durante cuatro años. Concretamente en el colegio Virgen del Pilar, perteneciente a la Compañía de María, en el barrio del Pilar de Madrid y este último año en el colegio público Rabassa de Alicante. Y en los dos hemos tenido una experiencia muy positiva. No entro en pormenores para no alargarme, pero la tesis que defiendo es que tanto la educación privada-concertada como la pública caben y son necesarias y complementarias en nuestra sociedad. Ahora bien, el debate abierto es sobre la financiación de la privada-concertada. A ver si acabando el artículo acabo de perfilar la tesis.

Ha habido mucho revuelo al hilo de la supresión de aulas en la concertada en nuestra Comunidad. Por este motivo se convocó una gran manifestación en Valencia el pasado mes de mayo. Una convocatoria que contó con el apoyo (según el periódico Levante) de la patronal de la concertada religiosa, Escuelas Católicas de la C. Valenciana (Escacv), del Arzobispado de Valencia y de la gran patronal de la privada – sostenida con fondos públicos-, la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval).

No acabo de entender muy bien por qué la concertada se manifiesta, recoge firmas y se moviliza ahora que han tocado su “negociado” cuando en los años anteriores  se recortaron unidades de infantil y primaria, lo que supuso una reducción drástica de puestos de trabajo del profesorado, 4.815 profesores y profesoras menos entre 2010 y 2014. Se eliminaron grupos de compensatoria, diversificación, educación especial, acogida y desdoblamientos. Se aumentó el número de alumnos por aula pasando de 25 a 30 en primaria, de 30 a 36 en secundaria y de 35 a 42 en bachiller. Se aumentó también la jornada lectiva de los profesores con la consiguiente merma de tiempo por dedicar a otras tareas necesarias en los centros. Además se recortaron sus salarios. Se paralizaron programas y proyectos de construcción y adecuación de centros pendientes de reformas. Disminuyeron las becas y ayudas a los estudios, endureciendo las condiciones para acceder a las mismas. Disminuyó también el presupuesto destinado a la escolarización de 0-3 años. Hubo recortes en las ayudas al transporte escolar, a los comedores escolares, a los libros de texto. Se dieron impagos en ayudas de libros  y a los comedores de los centros. Retrasos en el pago de las fondo de mantenimiento de los centros. Se paralizaron los programas de incorporación de nuevas tecnologías en los centros y a los alumnos. Y mientras todo esto sucedía no recuerdo una sola movilización de la concertada para intentar que se revirtieran estos insensatos recortes.

Hay quien afirma que anteriormente había una política deliberada de ‘vaciamiento’ de las escuelas públicas en pro de la concertada, que ha visto cómo estos años incrementaba sus unidades y número de alumnos. Los datos parecen que sí corroboran esta opinión, como veremos más adelante. Lo que creo es que no es recibo que cada vez que haya cambio de gobierno toque estar pendientes del particular punto de vista del partido político correspondiente… hasta el nuevo cambio de gobierno. Ahora hay quien pone boca abajo al Conseller Marzá como antes pusieron también a Font de Mora (consellers de educación de Compromís y del PP en la Generalitat Valenciana). Y así no se soluciona nada, solo se enrarece más el clima para un diálogo necesario. Somos muchos y muchas los que pensamos que el actual Conseller Marzá y el gobierno valenciano se  deberían plantear crear una mesa de diálogo sobre la educación. Diálogo que necesita tiempo, voluntad y condiciones. En una mesa donde estuviera representada la escuela pública y la concertada, las Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas,  y los representantes de los trabajadores de la enseñanza. Una mesa que evitara caer en debates partidistas porque lo que está en juego es el sistema educativo, algo fundamental para la sociedad y para las familias. Una mesa en busca del necesario consenso social y político, y sobre todo de la estabilidad imprescindible en algo tan fundamental como es la educación.

Tenemos que dar respuesta como sociedad a cómo responder de manera prioritaria a las necesidades de los menores empobrecidos en el conjunto del sistema educativo, y en este sentido la respuesta de la concertada, sobre todo de la Iglesia, debería ser clara y contundente. Las escuelas concertadas de la Iglesia deberían ser punta de lanza en la atención a los menores más desfavorecidos de la sociedad y aunque me consta que muchas lo son, no es algo generalizado. Por desgracia, en la opinión pública, al menos en mi ámbito cercano, muchos colegios concertados son para “niños ricos” y no para “niños pobres”. Ya me disculpáis la simplificación, pero creo que sirve para expresar lo que piensa mucha gente, que sin estar del todo en lo cierto, sí refleja parcialmente lo que de hecho ocurre. De hecho,  según los sindicatos de la enseñanza, una de las razones básicas de la falta de alumnado en muchos centros públicos ha sido la escolarización masiva de de alumnado con dificultades o con problemáticas diversas que requerían mayor atención específica. Otro dato revelador es que en la Comunitat Valenciana los alumnos extranjeros se distribuyen de la siguiente manera: un 84,2% en centros públicos, un 10,4% en centros privados-concertados y un 5,4% en centros privados. Por tanto considero que cierta discriminación positiva hacia los centros públicos es razonable según estos datos.

Dicho lo anterior, también considero que es un error eliminar aulas de los centros con más demanda o de centros que han demostrado su vocación de servicio. Sirvan como ejemplo los casos del colegio Inmaculada de Jesuitas o el de Jesús -María en Orihuela o Valencia. Incluso CC.OO afeó a la Consellería que suprimiera unidades en un barrio pobre como el de la Fuensanta, mientras aumentaba la de otros colegios que segregan por sexos.

No soy especialista en educación, pero sí soy padre de tres niños para los que su paso por la escuela está siendo y será un referente para toda su vida. Por eso me atrevo a opinar. Y aunque ahora nuestros dos hijos mayores estudien en una escuela pública creo  con el Papa Francisco que “las instituciones educativas católicas ofrecen a todos una propuesta educativa que mira al desarrollo integral de la persona y responde al derecho de todos a tener acceso al saber y al conocimiento. Además están llamadas a ofrecer a todos la propuesta cristiana, es decir, a Jesucristo como sentido de la vida”. Sinceramente creo que una correcta conjugación de estas identidades hará bien a la sociedad entera.

Yo no sé si es justo hablar de ataques a la concertada o agresión sin precedentes. Creo que hay un difícil, pero necesario equilibrio entre pública y concertada que la política debería respetar. En el caso valenciano en los últimos cinco años con el gobierno del PP los colegios públicos perdieron 606 unidades mientras los conciertos con la privada se ampliaban en 78 grupos. Y esto es un claro desequilibrio.

Lo que sí tengo claro es que la educación es imprescindible para que el mundo obrero pueda salir de la explotación actual y para que se detenga el empobrecimiento de los pueblos y la precarización de las personas trabajadoras que genera el neoliberalismo económico.  Sin ir más lejos el mayor porcentaje de fracaso escolar se da en los hijos de familias obreras y  también el mayor porcentaje de abandono del sistema educativo se registra en niños y adolescentes del mundo obrero.

Ante la desigualdad creciente en la educación hay que dar la batalla con educación para que la pública y la concertada (ambas sostenidas con recursos públicos) den respuesta a estas situaciones. Pero sobre todo, si la concertada ejerce su función de servicio público y de atención al alumnado más precario y con más dificultades, en igualdad de condiciones que la pública. Para que no sea una opción elitista ni goce de privilegios. Si no, una posibilidad es que deje de ser concertada, se convierta en privada y que los padres que quieran la elijan pagando, para que no deje de haber libertad de elección. En todo caso, solo escribo lo que he reflexionado como una opinión más. Hay que dialogar más, buscar más, preguntarnos más, porque es mucho lo que está en juego como para dejarlo solo en manos de los políticos.

Perdonad la extensión. Os dejo con la canción “Somos energía” de mi amigo Iván Serrano que acaba de sacar un discazo “Tú mi felicidad”.

 

Foto: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/images/stories/ipc/Trabajando%20por%20educaci%C3%B3n.JPG