Desigualdad Pública

LA PESADILLA DE LAS OPOSICIONES. Dibujo: Jorge Álvaro González@lineograma

El sistema de selección de funcionarios públicos, la oposición, será objetivo como concepto, pero su justicia y equidad ofrece serias dudas.

Recordaba estos días la escena de hace unos años mientras cenaba con un amigo en un popular restaurante de Kabul, la capital de Afganistán. Eran tiempos complejos, pero increíblemente intensos y apasionantes para trabajadores y funcionarios de la cooperación y el desarrollo. Entre cerveza y cerveza, mi compañero me comentaba, con una ligera sonrisa, que durante años había mantenido el record de años en aprobar una oposición del cuerpo superior, doce. Aunque me sorprendía el elevado numero de años, nunca percibí que ese “record” supusiera un menoscabo en sus competencias y capacidad. Mi amigo era, sin lugar a dudas, un gran funcionario. Tenía una gran capacidad para entender el contexto local y una increíble habilidad para las relaciones y la negociación en contextos complejos.

En mi último post escribía que, a pesar de la objetividad de las oposiciones, hay estudios que ofrecen serias dudas sobre su validez para seleccionar el mejor talento necesario para los complejos retos actuales. Pero el sistema es, además, desigual e injusto.

Doce años de preparación es un caso poco común. Pero todos tenemos conocidos que han tardado entre 4 y 5 años en aprobar oposiciones del cuerpo superior. Y otros tantos que, tras un número similar de años, decidieron dejarlo. Según el área de Empleo Público de Adams Formación el tiempo medio necesario para aprobar una oposición que exija bachillerato es entre 9 y 18 meses. Para las plazas que exigen una grado son necesarios, de media, un mínimo de 18 meses y para algunas oposiciones del cuerpo superior el tiempo medio puede llegar a 5 o 6 años.

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Generalmente son gente joven y llenos de ganas e ilusión por contribuir a hacer este mundo un poco mejor. Pero el sistema, seguramente arcaico, secuestra sus mejores y más productivos años para encerrarlos de manera exclusiva en una biblioteca. Y todo esto en muchos casos, tras haber cursado estudios superiores con éxito. En una época donde los nuevos paradigmas pedagógicos empiezan a poner en entredicho los exámenes, este tipo de secuestros para preparar una o varias pruebas de conocimiento resulta, cuando menos, paradójico.

Y, ¿cómo viven los opositores durante el tiempo de preparación?

Es una pregunta que seguro muchos nos hemos hecho. Quienes opositan, sueñan con un futuro mejor, un trabajo fijo e intocable. Pero envejecen fácilmente más rápido entre pesadillas variadas. Son muy pocas las becas, cuando existen, de algún colegio oficial. En la mayoría de los casos, las familias son las que soportan la estancia y manutención de los opositores. Además, suele ser necesario contratar a algún preparador o academia. Y la situación se agrava para aquellos opositores que viven en ciudades pequeñas. Estos se ven forzados a desplazarse a una gran ciudad donde poder acceder a buenas academias y a un lugar adecuado para la dura preparación. Muchos colegios mayores se especializan en ofrecer espacios adecuados para opositores. En conclusión, cada año de preparación puede costar, como poco, entre 10.000 y 20.000 euros. Esta cifra se podría triplicar si contamos el coste de oportunidad del opositor. Y si consideramos el impacto negativo en nuestra sociedad por el tiempo que no pueden contribuir a la misma, el coste social se incrementaría sustancialmente.

Entonces, ¿qué pasa con las familias de recursos escasos? ¿Acaso los jóvenes se lo pueden permitir? Pues seguramente no. En muchas ocasiones se verán forzados a buscar otras salidas, independientemente de su vocación o capacidad. Es habitual encontrar funcionarios, en especial del cuerpo superior, que provienen de familias con holgados recursos económicos. Se podría percibir un clima adecuado para una conciencia de clase, para sagas de opositores…

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Un escalera social difícil de subir

Nuestro sistema de educación pública es el principal instrumento del estado del bienestar para reducir la desigualdad, fomentar la movilidad social y facilitar la igualdad de oportunidad y acceso al mercado laboral. Los egresados de nuestro sistema educativo, según méritos, capacidad y competencia, se incorporan a las empresas más competitivas, a los mejores despachos, o a las empresas tecnológicas más avanzadas.

No obstante, el acceso al empleo pública requiere un esfuerzo intelectual adicional. Y este podría estar justificado, aunque ahora haya mucha gente que lo ponga en entredicho. El problema es que, además, requiere un sobre esfuerzo económico muy importante que en ningún caso financia el estado. Y esta circunstancia limita el acceso al empleo público a las personas con suficiente capacidad y méritos, pero con menores recursos económicos. De esta manera, el sistema contribuye a la desigualdad y se convierte en injusto.

Es evidente que el nivel económico de los padres es uno de los principales predictores para progreso de los hijos. En el caso del acceso a la función pública, se convierte en una condición necesaria para poder prepararse una oposición. No conozco países donde la preparación para ingresar a la función pública requiera tanto tiempo y esfuerzo económico. Por ejemplo, presentarse a unas oposiciones del cuerpo superior de la UE puede requerir varios meses, como mucho, y en ningún caso dedicación exclusiva. Se hace necesario revisar un sistema que, además de ineficaz, limita el acceso por razones económicas.

Tal vez este sistema de oposiciones beneficie a quien las aprueba pero, ¿de verdad beneficia al Estado que las convoca?

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