Una vez resuelta la constitución de Gobierno y con menos noticias de casos de corrupción, el desempleo, a pesar de haber descendido, vuelve a ser, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la principal preocupación de los españoles. España, una vez más, vuelve a crear más empleo que la media europea en una etapa de recuperación económica. No obstante, se mantiene una tasa de desempleo muy superior a la del conjunto de la Unión Europea. Para hacer frente a esta constante anomalía los sucesivos Gobiernos han actuado siempre del mismo modo. La solución ha sido reducir los costes laborales, salariales y/o no salariales (indemnizaciones por despido, gastos de contratación). Desde que en la reforma de 1984 se optó por abrir la vía de la contratación temporal, sin que necesariamente haya causa que la justifique, éste ha sido el recurso fundamental para reducir costes laborales.

La contratación temporal evita la acumulación de derechos de los trabajadores, limitando los costes de contratación y despido, y facilitando que se mantengan remuneraciones salariales más reducidas.

Esto no ha sido óbice para que haya habido un constante retoque en los demás aspectos de la relación laboral. Desde 1978 hasta ahora son innumerables las medidas que se han tomado en relación al mercado de trabajo. Todas ellas, con diferentes matices, han tendido a una progresiva flexibilización en la fijación de las condiciones de trabajo que redujera los costes laborales. En consonancia con los ciclos económicos se ha procedido a intensificar dicha reducción de costes cuando la tasa de desempleo y el porcentaje de contratación temporal volvían a alcanzar nuevos récords. Así sucedió en 1984, en el periodo 1992-94  y en la reciente crisis, especialmente a partir de la reforma de 2012. Mayor papel de intermediación a través de las agencias de contratación temporal, reducciones paulatinas de las indemnizaciones por despido y las prestaciones por desempleo, mayor margen de arbitrariedad en la fijación de las condiciones de trabajo por parte del empresario unido a cambios en la negociación colectiva, así como incentivos para el empleo de ciertos colectivos especialmente vulnerables y para frenar la contratación temporal, han sido las medidas más significativas.

Ciertamente la reducción de costes laborales suele tener eficacia en la creación de empleo durante un plazo limitado. Así ha ocurrido en el periodo 1986-1991, en el más prolongado de 1997 a 2007, puesto que la reducción de costes laborales no salariales se acompañó de un notable freno del crecimiento de los salarios; y en el actual ciclo de recuperación que se inicia en el segundo semestre de 2014. España logra aumentar su empleo por encima de la media europea en estos periodos de expansión, pero acaba por destruir mucho más empleo ente cualquier recesión. Eso obliga de nuevo a reducciones más drásticas de costes laborales puesto que el crecimiento del empleo va acompañado de un estancamiento o un aumento muy reducido de la productividad, que además es muy desigual entre empresas de diferentes sectores y de distintos tamaños dentro de un mismo sector.

Mientras no se aborden los aspectos de fondo que condicionan la demanda y la oferta de trabajo lo previsible es que la espiral que encadena baja productividad y reducidos salarios se profundice. Si para reducir el coste laboral unitario (cociente entre el coste laboral por trabajador y la productividad por ocupado), se sigue dando preferencia a reducir el numerador (contracción del coste laboral),  en vez de a aumentar el denominador (incremento de la productividad), la insuficiente creación de empleo y la elevada precariedad se mantendrán. Aumentar la productividad y el ajuste entre oferta y demanda de trabajo exige una regulación más adecuada de los mercados que evite su parcelación y escasa competencia; y una reforma del sistema educativo que impida la polarización entre los teóricamente muy cualificados (titulaciones terciarias o universitarias) y los poco cualificados (titulación primaria), en favor de los de cualificación intermedia (titulaciones secundarias).

Sólo con mercados más competitivos, es decir con mejores regulaciones que incentivan la cooperación entre empresas para ser más competentes, se logra aumentar la demanda de trabajo y que ésta sea de mayor calidad. Del otro lado, sólo con un sistema educativo que dé preferencia a que el conjunto de la población adquiera una cultura general similar con la educación secundaria y que cree canales de formación especializada no universitaria, se conseguirá que la oferta de trabajo sea más eficiente y ajustada a la demanda. Conseguir mercados más competitivos debe ser una de las prioridades políticas, pero en ello tienen además especial responsabilidad las organizaciones empresariales en primer lugar y en segundo término los sindicatos; y ambos a través de una negociación colectiva que esté bien articulada desde los niveles superiores de carácter sectorial hasta llegar a los de empresa y que no se centre en la fijación del salario hora sino en la de las demás condiciones de trabajo que determinan la productividad (garantías de formación y reciclaje, seguridad e higiene, organización del trabajo, etc.).  Recuperar que la educación secundaria tenga finalidad propia, como es la consecución de una buena cultura general para todos, en vez de ser un simple paso para acceder a la educación universitaria, debe constituir el núcleo central de un pacto de Estado sobre la educación.

Las viñetas son de El Roto y han sido publicadas en el diario El País