El próximo 24 de enero de 2017 hace cuarenta años que se produjo el asesinato  de cinco personas y cuatro más heridas de consideración, una de las cuales falleció poco después, en un despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle Atocha de Madrid. Esa barbarie truncó la trayectoria vital no sólo de los directamente afectados sino de muchos de sus familiares y amigos. Por mi compromiso vital y mis vinculaciones personales me sentí especialmente concernido con ese hecho. Tenía estrechas relaciones con Comisiones Obreras y la militancia antifranquista. En lo personal, tenía amistad con Luis Javier Benavides, uno de los abogados asesinados, que había sido compañero de curso en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo y al que después vi con frecuencia en la Facultad de Derecho mientras cursábamos esos estudios. Nuestras coincidencias profesionales y de compromiso se extendían a nuestra vivencia de fe en comunidades cristianas.

Se han hecho numerosas valoraciones de las consecuencias políticas que tuvo, entre otras favorecer la legalización del Partido Comunista y la Transición. También ha habido reiterados reconocimientos y homenajes a los caídos en ese brutal atentado. Nunca me he sentido con fuerzas de asistir a ninguno de esos actos públicos ni a hablar de esos hechos. No podía evitar sentir que predominaba una utilización política, legítima por otro lado, sobre la significación personal para los más directamente afectados y la trascendencia sociopolítica que iba mucho más allá de la militancia sindical o política de los asesinados. Pasados cuarenta años me atrevo a compartir alguna de mis vivencias al respecto.

Luis Javier Benavides tenía 25 años, como yo en ese momento. Trabajaba como abogado laboralista en favor de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Además era militante en comunidades cristianas de base. Ambas cosas nos unían después de haber abandonado el colegio y haber acabado la carrera. Todos los que le conocíamos coincidíamos en que era una persona amable y generosa, siempre alegre y servicial. Cuando se descubrieron quienes eran los asesinos me quedé estupefacto al comprobar que uno de ellos, por cierto más joven que nosotros pues tenía 21 años, era el mismo que algunas veces había visto en misa los domingos en un pueblecito de la Sierra de Madrid donde mis padres tenían una casa. Algo me había llamado la atención cuando le veía ir a comulgar o al salir de la Iglesia, aunque nunca podía sospechar nada parecido por lo que me sobresaltó al ver su foto en los medios de comunicación tras haber sido detenido.

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En ese momento se me pasaron por la cabeza muchas cosas. Cómo era posible que alguien con el que había compartido eucaristías fuese un asesino. Era evidente además que sus convicciones religiosas eran uno de los aspectos fundamentales que le habían movido a ello.

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No es casualidad que en esa misma época siguiese activo un grupo denominado “Guerrileros de Cristo Rey”. Ya había tenido ocasión de comprobar su actuación unos años antes. Estando en la Facultad de Económicas de la Complutense en Somosaguas, un día normal de clase se presentó un grupo de Guerrilleros de Cristo Rey ajeno a la Facultad. Tras esparcir unas hojas identificándose como tales en el bar de la Facultad, un compañero entró cuando estábamos en clase anunciándonoslo. Se suspendieron las clases y durante unas horas hubo forcejeos entre los miles de estudiantes que estábamos en la Facultad, a los que nos contenía la policía, y los “Guerrilleros” que se habían desplazado hasta una zona de aparcamiento de coches.  Mientras algunos dialogaban con la policía tratando de convencerles de que les detuviesen, puesto que eran ajenos a la Facultad y habían alterado el orden público provocando altercados, de pronto alguien dio la orden a la policía de que nos dispersase al tiempo que ellos se montaban en sus coches y huían de la Facultad.

Los hechos citados me provocaban un revoltijo de sentimientos que me costaba discernir. Rabia, compasión, impulso a un mayor compromiso, necesidad de mostrar que ni esos individuos ni el nacionalcatolicismo, mantenido por la jerarquía eclesiástica y que sostenía el régimen político, podían ocultar ni restar significado a la persona de Jesús y al mensaje evangélico. Afortunadamente entre mis amigos más próximos, muchos vinculados a uno de los grupos denominado AGUR (Agrupación Universitaria del Recuerdo), de la Federación Española de Comunidades Universidades Cristianas (conocida como FECUM); los consiliarios, jesuitas en su mayor parte y entre ellos destacadamente Enrique Comas; mis compañeros de Facultad, la mayoría no creyentes; los militantes de Comisiones Obreras, de Vanguardias Obreras (otra de las comunidades de vida cristiana), así como otras comunidades y movimientos sociales con los que estaba en contacto, encontré apoyo y fuerzas para seguir adelante y discernir qué papel correspondía a cada relación y nivel de compromiso.

Entender estas situaciones para quienes no las vivieron es muy difícil. En cualquier caso es importante que las nuevas generaciones entiendan lo que supuso la transición política. Un proceso en el que el miedo a volver  a un nuevo conflicto civil no sólo estaba en la mente de todos los españoles, sino que era un hecho manifiesto en sucesos como los que he narrado y que tuvieron un punto culminante en esa famosa semana (trágica) de enero. Hacía quince meses que había fallecido Franco y las instituciones políticas seguían igual. Se narra muy bien en el libro de Jorge e Isabel Martínez Reverte, La matanza de Atocha. 24 de enero de 1977 (La Esfera de los libros) o en la película de Juan Antonio Bardem, Siete días de enero. Al asesinato de Atocha por extremistas de derecha, le habían precedido: el secuestro el 11 de diciembre de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, por parte del GRAPO; el asesinato por parte de un grupo de Guerrilleros de Cristo Rey de Antonio Ruiz, estudiante de secundaria que participaba en una manifestación el domingo 23 de enero; un nuevo secuestro por parte del GRAPO, el mismo lunes 24 de enero, en la persona del teniente general Villaescusa, a la sazón presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar; y la muerte de Mari Luz Nájera ese mismo día como consecuencia del disparo de una pelota de goma por parte de la policía al disolver una manifestación de protesta por el asesinato del estudiante mencionado. Para rematar la semana, el viernes 28 de enero los GRAPO asesinaron a dos policías armados y un guardia civil, e hirieron a otros tres agentes de la policía.

En ese contexto lo importante no era sólo evitar un nuevo enfrentamiento civil polarizado entre izquierdas y derechas, sino implantar una serie de derechos que garantizasen la libertad de conciencia y de expresión. Más allá de las libertades colectivas, de asociación, reunión, manifestación o negociación colectiva, estaba en juego eliminar la mordaza de un legalismo moral, sustentado por el nacionalcatolicismo. Esa cuestión era esencial para dar paso a una moral colectiva derivada de convicciones profundas en vez de asociada a unas costumbres rutinarias y a la mera apariencia social, apoyadas en la represión política y el miedo existencial. Desde ese punto de vista, el cambio suponía un reto especialmente significativo para la Iglesia católica. Implicaba romper con el autoritarismo y el fariseismo moral, firmemente arraigado, para asumir la existencia de comunidades de base, el libre compromiso político y social, y el núcleo esencial del mensaje evangélico, ya recogido de algún modo en la tradición judía: “El fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío” (Eclesiástico 15, 14); “Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo” (Romanos 6, 15); “Todo me es lícito; mas no todo me conviene. Todo me es lícito; mas ¡no me dejaré dominar por nada!” (1 Corintios 6, 12); “Para ser libres nos libertó Jesucristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud” (Gálatas 5, 1).

Viñeta de El Perich