Como saben, el pasado 29 de marzo la murciana de 21 años Cassandra Vera fue condenada a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo por unos comentarios en Twitter sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco por ETA en 1976.

Un delito mal definido

Creo que resulta convincente la opinión de los juristas para los que la formulación actual del mencionado delito en el artículo 578 del código penal introduce un nivel de arbitrariedad injustificable. Ahora bien, para resolver el problema, no hay que eliminar el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, como parece proponer Podemos, sino únicamente el añadido que incluye entre las conductas perseguidas el «menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».

Debe eliminarse, en primer lugar, porque introduce una distinción que va contra de la igualdad de todos los ciudadanos reconocida por la constitución: si es delito menospreciar o humillar a las víctimas del terrorismo, debería también ser delito hacerlo respecto a cualquier otro ciudadano. Es difícilmente justificable que Guillermo Zapata fuera enjuiciado por un tuit en el que se mofaba de Irene Villa y las niñas de Alcaser —«Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos», pero el delito únicamente pudiera existir por lo dicho respecto a la primera. La humillación a las víctimas del terrorismo es, en términos éticos, particularmente execrable, pero no se entiende porqué ha de ser más punible que la humillación a otras víctimas o personas.

En segundo lugar, también ha de eliminarse esa coletilla porque puede existir una gran arbitrariedad al interpretar los términos «menospreciar» y «humillar», cuyo significado está cargado de subjetividad: una persona puede humillar a otra sin pretenderlo, o también puede suceder que una persona muy necia tenga toda la intención de menospreciar a otra sin que nadie, ni siquiera la víctima, lo interprete de ese modo. Ocurre lo mismo, por cierto, con el delito de «ofensa contra los sentimientos religiosos» tipificado por el artículo 525 del código penal. El artículo es tan subjetivo que abre la puerta a una gran arbitrariedad en su aplicación, cuando lo cierto es que otros artículos del código penal —en particular el 522, el 523 y el 524— son suficientes para proteger a los creyentes de asaltos a capillas u otras agresiones y castigar a los que las cometan.

En conclusión, hay que denunciar la injusticia, por legal que sea, que se ha cometido con Cassandra Vera, que paga el pato de un criterio fiscal arbitrario. Un fiscal que deja un montón de comportamientos similares sin perseguir —esta misma semana se han reproducido este tipo de «chistes» hasta la saciedad— y se ceba con una persona concreta cuyos tuits no pueden razonablemente interpretarse como justificación o apología del terrorismo.

¿Para qué empleamos Twitter?

Pero lo dicho hasta ahora no significa que empaticemos con la condenada y su concepto particular del «humor». Además, y esto es lo que aquí más me interesa, el caso permite reflexionar sobre el papel que desempeñan las redes sociales en el debate público.

Para muchas personas, las redes sociales son una forma de contactar con personas iguales a ellas, con inquietudes similares, misma ideología, opiniones y sentido del humor —o falta del mismo—. Las redes sociales, y particularmente Twitter, se convierten así en un altavoz en el que los retuits que obtengo de personas con las que ya estoy de acuerdo de antemano incrementan mi popularidad. Esto puede motivarme a decir aquello que mis seguidores más van a valorar, con total desinterés hacia quienes piensan diferente o hacia las personas que puedan sentirse heridas por mis palabras. No tuiteo para dialogar, ni para propiciar un encuentro con otros, sino para que la comunidad que formo con quienes me siguen se reafirme en sus convicciones y me valore mejor.

No digo que sea la única manera de estar en Twitter. Es evidente que existen muchas personas que emplean las redes sociales de forma abierta al diálogo y enriquecedora. Pero es una de las tendencias, y muy extendida. Y cuando esos tuits son extraídos del contexto comunitario al que fueron dirigidos, queda en evidencia su falta de sensibilidad y, en algunos casos, su vileza.

Llama la atención, por cierto, que la afectada por este caso denuncie que la injusta condena que se le ha impuesto puede arruinar sus deseos de dedicarse a la docencia, y no piense por un momento que es su historial de Twitter, y lo que allí ha dicho a lo largo de los años, lo que la invalida moralmente para tan noble profesión.