¿Buenismo o humanización del Derecho?

Ana Vázquez Ponzone reflexionaba sobre si tiene cabida el buenismo” en política. Ello me ha provocado otra pregunta. ¿Tiene cabida el “buenismo” en la aplicación del Derecho?

Para responder a la pregunta, volvamos a las sintomáticas declaraciones del ministro de Interior Jorge Fernández-Díaz sobre la petición de la Conferencia Episcopal junto a otras instituciones eclesiales como Justicia y PazCáritas y la Confederación de Religiosos Españoles (CONFER) de que no legalizara las “devoluciones en caliente” de los inmigrantes. El ministro entiende que “la Iglesia ponga el acento en la misericordia y el aspecto humanitario, pero no puedo aceptar que parezca que los demás no tenemos sensibilidad con los Derechos Humanos”.

El ministro reconoce aquí su propia humanidad y sensibilidad que parece converger en el fondo con la denuncia de la Iglesia. Comparte el drama, pero éste no afecta al orden legal ni político, por ello da a entender que éstas son virtudes privadas que no afectan al desempeño de su función pública o al cumplimiento de la Ley.

En este sentido, Fernández-Díaz está mostrando y defendiendo una comprensión de Ley al margen de los derechos humanos, que sería una cuestión de caridad o de justicia privada. Viene a decir, mucho criticar pero después “no se comprometen”. Como si la aplicación de la Ley, y el desarrollo de nuevas leyes, no estuviera ya comprometida con el respeto y la promoción de los derechos humanos. La Constitución Española asume este horizonte de mutua referencia cuando define a España no como un simple “Estado de Derecho”, donde no rige sin más el imperio de la ley (dura lex, sed lex; implacable ley, pero ley); sino como un “Estado social y democrático de Derecho”, y que por tanto asume la responsabilidad de los poderes públicos en que la ley respete y se atempere con el respeto a las exigencias de la dignidad humana. Exigencias que vienen especificadas y concretadas en los diversos tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos que España ha asumido legalmente. Y este es el mismo horizonte que se comparte a su vez formalmente en el propio proceso de construcción europea. Es el propio núcleo de legitimidad incorporada en la trama jurídica de las instituciones europeas en la que España también es actor responsable.

Por el contrario, la separación entre Ley y el respeto a las exigencias de justicia reconocidas en los derechos humanos nos retrotrae a las versiones más duras del Estado de Derecho decimonónico de corte liberal e ilustrado tal y como soñara Montesquieu en el siglo XVIII. Una Ley supuestamente racional que no se atemperara con la humanidad de los jueces, pero que presupone igualmente un legislador y un poder ejecutivo “desalmado” para poder cumplir su función con objetividad en defensa de un orden social, que es inmutable ante la exclusión social o la práctica de la insolidaridad con los otros. Es la versión de la ley separada de la sensibilidad, para que ésta no desarrolle el necesario reconocimiento del otro, fuera del reducido canon social y político de los “ciudadanos”, los “nuestros”, como los únicos y auténticos seres humanos a los que reconocemos como sujetos de derecho o frente a los tenemos deberes.

Por otro lado, hay una propuesta de división social del trabajo humanitario, para “eso” están la Iglesia y otras asociaciones cívicas, lo que se suele reconocer como “tercer sector”, frente al Estado (primer sector) y el mercado (segundo sector).  Sin embargo, ni la Iglesia ni las organizaciones sociales pueden agotar el trabajo de moralización y de humanización de la sociedad. Más bien, lo que pueden hacer es mostrar a los poderes públicos la permanente necesidad de revisión del marco legal y de la lógica que se despliega en el campo político cuando fallan en sus deberes de humanidad (al igual que con respecto al mercado); con su deber de construir un orden legal y social inclusivo y compatible con las exigencias de justicia.

Por ello, creo que lo que en el fondo irrita es justamente la confrontación con su propio deber legal de respeto a las obligaciones internacionalmente suscritas en materia de derechos humanos. Porque la justicia no es sólo una virtud privada a la que aspiran “los buenos”, sino que debe ser la principal virtud pública. A no ser que queramos o toleremos que la aplicación e interpretación del sistema legal sea el campo de “los desalmados”.

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 http://www.huffingtonpost.es/2014/12/02/devoluciones-caliente-iglesia_n_6253534.html

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