Antes, cuando un menor necesitaba ser separado de su familia, porque ésta era incapaz de ofrecerle los cuidados mínimos, o incluso se convertía en un riesgo para su integridad física o moral, el niño era internado en un centro de menores.

¿Quiere esto decir que ahora no ocurren así las cosas?

La respuesta correcta sería decir que las cosas han cambiado. Pero posiblemente, no tanto como creemos.

Desde hace algo más de dos décadas (poco tiempo, según se mire), cuando se da esa circunstancia de que el niño tiene que ser apartado de sus padres, ya no es la única alternativa ingresarle en un centro de menores, sino que podría quedar al cuidado de otro familiar (tío, abuelos), o pasar a vivir con “otra” familia durante el tiempo que sea necesario. A este procedimiento por el que la autoridad administrativa competente en esta materia, como mecanismo de protección, “coloca” a un menor en una familia diferente a la suya, se le denomina “acogimiento familiar”.

Todavía existe una cierta confusión entre el acogimiento familiar y la adopción. La adopción supone que los vínculos con la familia de origen han quedado rotos definitivamente y los “nuevos padres” asumen no solo la guarda y la tutela, sino también la patria potestad, de la que se ha desposeído a sus progenitores. Mientras que en el acogimiento familiar estamos ante un guarda, delegada por quien ha asumido la tutela legal (la administración competente), conservando los padres biológicos, la patria potestad.

Toda esta introducción, demasiado cargada de términos legales, la traigo a colación porque el acogimiento familiar ha adquirido notable protagonismo desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección Jurídica del Menor (26/2015), que lo convierte en medida obligatoria cuando se trate de niños de cero a tres años y preferente, cuando hablemos de más edad, aunque con el horizonte de convertirla también en obligatoria, en breve, para los menores de 6 años. Y sobre esto me gustaría hacer algunas precisiones.

Cada vez que se habla o escribe sobre este tema, parece desprenderse del contexto, de forma no explícita pero palpable, algo así como que hasta ahora esos niños pequeños estaban malviviendo en unos establecimientos mezcla entre un orfanato chino y el de Oliver Twist. No hace falta decir que eso está muy lejos de la realidad.

Sin dudar lo más mínimo sobre la bondad que supone para el desarrollo del niño estar en una familia, es de justicia reconocer, ahora que están a punto de desaparecer, la labor abnegada y de gran calidad que han realizado las profesionales (mujeres en su inmensa mayoría) de estos centros infantiles.

Por otro lado, el acogimiento familiar en nuestro país está concebido –y estructurado como recurso para la infancia- como un acto de altruismo y solidaridad, con una menguada compensación económica por los gastos que comporta tener un niño en casa. Me explico. El programa de acogimiento familiar se difunde y se fomenta con el objetivo de motivar a familias para que se ofrezcan voluntarias a realizar esta labor (como les digo con una compensación por los gastos ocasionados), tras pasar por una corta formación, y ser declaradas idóneas por la administración. Esta es la fórmula para la mayoría de los acogimientos familiares.

En este contexto, hablar de “profesionalización” de las familias acogedoras suena a anatema, o a contradicción con la esencia del modelo, que parece ser el acto solidario de unos adultos para con unos niños desamparados.

Sin embargo, las necesidades de estos niños, además de una actitud solidaria, precisan unas respuestas desde competencias y garantías que solo se pueden dar desde la profesionalización.  A eso es a lo que tienen derecho. Y esas respuestas a sus necesidades complejas, garantizadas de ese modo, deben poder ser una realidad en el marco cotidiano de la vida en familia. Hablamos de familias acogedoras profesionalizadas.

Para que el acogimiento familiar se convierta en la alternativa mayoritaria a la separación de la familia, será necesario asentar la idea de que actitud solidaria, vida familiar y profesionalización, no son conceptos antitéticos, y acto seguido, dar los pasos técnicos, legislativos y económico-presupuestarios, que hagan que esa idea sea posible en la práctica.

 


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